Durante su comparecencia en la Comisión de Presupuestos, la primera de un total de 21 que tendrá dicha comisión hasta el miércoles con motivo de la tramitación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2018, Linde afirmó que “la economía española presenta importantes desequilibrios como el elevado endeudamiento público, las necesidades de financiación exterior y la persistencia de niveles todavía muy elevados de desempleo”.

Por ello, el gobernador del Banco de España aseguró que las políticas de consolidación fiscal “son condiciones esenciales para corregir estos desequilibrios y permitir el crecimiento continuado de la actividad económica y la generación de empleo”.

En relación al proyecto de Presupuestos, Linde destacó que “la mejora del déficit en 2018 obedecería principalmente al buen comprotamiento cíclico de la economía y a la reducción de los pagos por intereses de la deuda pública, en un contexto de moderación general del gasto público, determinado por el techo de gasto”.

En este sentido, la máxima autoridad del Banco de España indicó que una vez España consiga, previsiblemente en 2018, el objetivo de salir del procedimiento de déficit excesivo al reducir el déficit por debajo del 3%, “el proceso de consolidación deberá proseguir hasta lograr el equilibrio presupuestario en términos estructurales, lo cual resulta fundamental para recuperar los márgenes de maniobra de la política fiscal ante eventuales escenarios adversos de crecimiento”. “Teniendo en cuenta que, de acuerdo con las estimaciones de la Comisión Europea, el deficit estructural de las adminsitraciones públicas españolas se situaría todavía alrededor del 3% del PIB en 2017, el ajuste presupuestario pendiente es todavía significativo”, añadió sobre este punto.

Para ello, Linde subrayó que “la necesidad de reformas parece más apremiante en una economía como la nuestra, que presenta un bajo crecimiento de la productividad, falta de competitividad en algunos sectores e ineficiencias significativas en el mercado laboral. Estos factores, en un entorno de intenso envejecimiento de la población, imponen límites al crecimiento potencial en el medio y largo plazo”.

PENSIONES

Precisamente el envejecimiento de la población mereció un aparte por parte del gobernador del Banco de España, quien destacó como “un reto de primer orden para la sostenibilidad de las finanzas públicas” su impacto sobre el gasto público.

Sobre este punto, Linde afirmó que “si se cumplieran las estimaciones más recientes, el gasto público en pensiones, sanidad y cuidados de larga duración aumentaría entre 1,5 y 2 puntos porcentuales del PIB anuales durante las pr´pximas tres décadas, alcanzando un máximo superior al 21% del PIB en torno a 2050”.

Así, indicó que en el caso del sistema de pensiones, “el factor de sostenibilidad y el índice de revalorazicación anual de las pensiones lograrían, en contextos macroeconómicos favorables, reducir de forma gradual el actual déficit, que alcanzó el 1,5% del PIB en 2017”. Sin embargo, explicó que “en ausencia de incrementos adicionales de los ingresos, el ajuste se produciría principalmente a través de una disminución de la tasa de sustitución de las pensiones públicas”.

Por ello, consideró que “de cara al futuro, la clave consiste en alcanzar un equilibrio entre las tasas de sustitución de nuestro sistema de pensiones que se pretenden asegurar y los ingresos necesarios para garantizar la sostenibilidad del sistema”. “En todo caso, es desable que cualquier estrategia de reforma elegida aumente la transparencia del sistema, refuerce la relación entre contribuciones y prestacionaes, y mantenga un mecanimos de ajuste que garantice el equilibrio financiero”, añadió al respecto.

FINANCIACIÓN AUTONÓMICA

Por otra parte, Linde también aseguró que es “imprescindible alcanzar consensos sostenibles en el tiempo sobre la reforma de la financiación autonómica”. Sobre esta cuestión, afirmó que “nuestra estructura administrativa se basa en una fuerte descentralización, de manera que el concurso de las administraciones territoriales resulta esencial para garantizar la estabilidad presupuestaria”.

“Existe un acuerdo amplio en el sentido de que el actual sistema de financiación de estas administaciones debe reformarse para mejorar su transparencia, conseguir la adecuación de sus recursos a las necesidades de gasto e incrementar el grado de corresponsabilidad fiscal”, añadió.