Las formaciones que mostrado de esta manera su rechazo al proyecto de PGE presentado por el Gobierno son PSOE, Unidos Podemos, ERC, PDECat, EH Bildu y Compromís. Los grupos que pidieron la devolución al Gobierno de los PGE de 2018 los criticaron, entre otras cosas, por continuistas y antisociales, por no corregir la desigualdad ni abordar un cambio de modelo productivo y por no ayudar a crear empleo de calidad.

En concreto, para el PSOE los Presupuestos son “profundamente antisociales y no redistribuyen los frutos de la recuperación económica que España está experimentando”. Además, los socialistas consideran que para que “el crecimiento económico transforme y mejores sus bases en España necesitamos situar en el centro un esfuerzo continuado para elevar la productividad”. Por ejemplo, destacan la necesidad de apostar por la inversión en I+D+i.

Por su parte, Unidos Podemos justifica su rechazo a los PGE en que el Gobierno “sigue anclado en la lógica de la austeridad”. A ello se une que el proyecto de ley reflejo de la “ausencia de cualquier proyector de futuro”. Considera también que es una “nueva oportunidad perdida para aprovechar el crecimiento para emprender las trasformaciones que necesita España”.

ERC se queja, como recoge en su enmienda, que los Presupuestos de 2018 “consolidan las desigualdades existentes” y “no garantizan el Estado del bienestar”. “No se vislumbra cambio de modelo productivo” y “minimizan la inversión territorial en Cataluña”, lamentan.

Según la enmienda del PCDECat, “el gobierno muestra una ínfima capacidad de respuesta a los retos que presenta la economía y la sociedad, en forma de cambio de modelo productivo, de creación de empleo de calidad o de reducción de las desigualdades”. También se quejan en la formación catalana que los PGE “no dan respuesta a las demandas políticas, económicas y sociales de Cataluña”.

Por su parte, EH Bildu señala en su enmienda que las cuentas “se parecen más a un programa electoral que a los planes de actuación del Gobierno”. “Los PGE siguen sin responder a las múltiples crisis que atraviesa el Estado español: económica, social e institucional”, agregó.

Mientras, Compromís apunta que “no serán útiles para la creación de empleo y el crecimiento” y “no servirán para corregir el aumento de la desigualdad”. Asegura que el Gobierno legisla “para pagar un agujero que no han creado los ciudadanos” y sí para “salvar a los bancos y sus acreedores”.