Garrido manifestó que este plan, que se publicará en el Portal de Transparencia, “impulsa la senda de una nueva política en la Comunidad de Madrid orientada a la calidad normativa y permite reforzar la seguridad jurídica, la participación ciudadana y la actualización del ordenamiento jurídico en la región”.

Informó de que esta planificación, que coordina la Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno, incluye las iniciativas legales o reglamentarias que se aprobarán en el siguiente ejercicio.

Asimismo, declaró que debe ser aprobada por el Consejo de Gobierno antes del 30 de abril del año inmediatamente anterior y añadió que cualquier propuesta normativa que no esté recogida en el plan y se quiera aprobar en 2019 deberá incluir una justificación de este hecho, en la correspondiente memoria de análisis de impacto normativo.

En 2019, indicó, el Gobierno regional tiene previsto aprobar tres proyectos de Ley relativos al Cuerpo de Agentes Forestales de la Comunidad de Madrid, a la Cañada Real Galiana y a los Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para 2020.

El plan también prevé la aprobación de 38 normas reglamentarias, vía decreto, sobre distintas materias, entre ellas, el régimen de conciertos educativos, los planes de estudios correspondientes a diferentes estudios de técnico superior, aspectos relativos al Observatorio y al Consejo de Atención a la Infancia y la Adolescencia, la educación inclusiva en la enseñanza no universitaria, la planificación farmacéutica, los servicios del ciclo integral del agua que presta Canal de Isabel II, el régimen para el ejercicio de la función de director de centro de servicios sociales o los requisitos para el reconocimiento de la condición de deportista de alto nivel.

Garrido dijo que este plan también contempla que se lleve a cabo una evaluación de los resultados del decreto por el que se regula el régimen de conciertos educativos en la Comunidad de Madrid.

“Con este tipo de análisis, se busca constatar la eficacia de la norma aprobada, es decir, si ha conseguido los fines propuestos; y su eficiencia, identificando cargas administrativas que podrían evitarse y la sostenibilidad de la disposición”, consideró.

A su juicio, la aprobación del Plan Anual Normativo "facilitará la participación de ciudadanos y empresas en los procedimientos de consulta pública previos a la elaboración de las normas, así como en los trámites de audiencia e información pública posteriores".