Así lo explicó este jueves el vocal del CGPJ y presidente del Foro Justicia y Discapacidad, Juan Manuel Fernández, ante la Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad del Congreso de los Diputados.

Según Fernández, esta adaptación no se limita solo a las sentencias, sino también a las citaciones, recursos y demás comunicaciones. "Es preciso que las personas entiendan por qué se les juzga, cuáles son las posibles consecuencias, qué pasos tienen que seguir...", indicó.

Esto supone "reescribir los textos en un lenguaje más sencillo, e incluso utilizar dibujos y pictogramas. En definitiva, hacer la justicia comprensible para todos, algo que no debe estar reñido con el rigor".

"De momento hemos elaborado un protocolo para validar qué documentos cumplen con los criterios de 'lectura fácil'", dijo, aunque precisó que las traducciones concretas deben ser llevadas a cabo por especialistas (en su caso, expertos de Plena Inclusión). De los convenios para hacerlo efectivo se encargan las consejerías o el Ministerio de Justicia, agregó.

REFORMAS JURÍDICAS

La accesibilidad de los edificios es otro de los retos pendientes por parte del CGPJ en el ámbito de la discapacidad. Ello tiene que ver con la supresión de barreras físicas y con que las personas con discapacidad visual o auditiva se puedan mover con autonomía, pues del mismo modo que hay directorios para que la gente sepa, por ejemplo, en qué planta se celebra su juicio, estos recursos tendrán que ser accesibles también para los usuarios que no ven.

Por último, Fernández se refirió a la necesidad de avanzar en dos aspectos en los que España incumple la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad: el sufragio para personas incapacitadas judicialmente y el reconocimiento de capacidad jurídica a quienes tienen discapacidad intelectual.

En este último punto, comentó, la Convención de la ONU establece que "su voz sea tenida en cuenta siempre que sea posible y que opinen sobre sus propios actos jurídicos". Hasta ahora, lo habitual era que un tutor se hiciese cargo de todo, "lo que no deja de ser la voluntad de otra persona", añadió.

Según Fernández, ello será posible en la nueva reforma del Código Civil y de la legislación procesal que el Ministerio de Justicia quiere poner en marcha. En la actualidad se encuentra en fase de consulta pública, pero lo lógico es que vaya en esta dirección, apuntó. Para ello, dijo, se pueden potenciar figuras como la del guardador e incentivar el apoyo familiar.