Esta reforma se hace más necesaria y apremiante que nunca tras el informe hecho público ayer por el Comité de Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas, órgano de vigilancia del cumplimiento por parte de los Estados de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que “condena” a España por vulneración del artículo 24 de este tratado internacional, consagrado a garantizar el derecho a la educación inclusiva, según explica el Cermi en un comunicado.

El Comité de Naciones Unidas, tras examinar in situ el caso de España, que fue sometida a investigación confidencial en 2017, establece que “nuestro país viola la Convención Internacional de la Discapacidad al no asegurar ni en su legislación, ni en sus políticas, ni en sus prácticas educativas el derecho a la inclusión educativa del alumnado con discapacidad, manteniendo estructuras y dispositivos discriminatorios y segregadores, incompatibles con el tratado internacional, firmado y ratificado por España, y que es ley superior a las normas internas nacionales”.

Como expone el Cermi, para el Comité Internacional la situación de España es de “tal gravedad” que “la segregación y exclusión de los estudiantes con discapacidades de la educación general, por su discapacidad, equivale a violaciones graves o sistemáticas del derecho a la educación de esos estudiantes en virtud de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad”.

Esta “condena” internacional, emitida por el máximo órgano internacional de seguimiento del cumplimiento de la Convención, “debe llevar al Estado español a reaccionar con inmediatez y adecuar y acompasar su legislación y sus políticas educativas a los mandatos de la Convención, sin más dilaciones ni excusas, como viene reclamando el movimiento social de la discapacidad desde el año 2006, en que se adoptó la Convención Internacional en el seno de Naciones Unidas”.

A juicio de la plataforma representativa de la discapacidad en España, este pronunciamiento de Naciones Unidas se produce en el marco de un procedimiento de examen al Estado parte, en este supuesto España, al haber recibido el Comité información fidedigna que revele violaciones graves o sistemáticas de los derechos recogidos en la Convención.

“Ante la inacción del Gobierno y del Legislador para adaptar nuestro sistema educativo a los mandatos de la Convención, el Cermi elevó denuncia ante el Comité Internacional de Derechos, que junto con otras recibidas, desencadenó la actuación de este órgano, de acuerdo con el artículo 6 del Protocolo facultativo de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad”, concluye la entidad.