Estos dos grupos votaron, como era de esperar, en contra de la propuesta popular, que fue apoyada por Ciudadanos, y criticaron que el PP arroje sombras sobre la economía social y, en el caso del PSOE, remitiéndole a convocar la Comisión de Vigilancia de la Contratación, cuya Presidencia ostenta. Por el contrario, Almeida subrayó que este órgano sólo permite investigar contratos, y no los convenios, subvenciones, convalidaciones y resto de formas de inyectar dinero a entidades sociales.

Ahora Madrid y el PSOE también tumbaron una iniciativa posterior de Cs, transaccionada con el PP, para instar a la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid a que investigue dicha supuesta red cientelar, y en particular a los contratos suscritos con el grupo Tangente, donde participan personas afines a Ahora Madrid.

En estas circunstancias, Almeida, quien tachó al PSOE de “cómplice y encubridor” de esa presunta red clientelar, anunció que el PP hará lo que hizo en el caso de la municipalización de Bicimad, pero ante la Fiscalía Anticorrupción y no ante un juzgado penal de primera instancia, porque entonces tenía la “convicción” de que se había cometido un delito y en este caso sólo “sospechas fundadas”.

Según recordó, la propia portavoz socialista en el debate, Érika Rodríguez Pinzón, le invitó a acudir a los tribunales si tenía sospecha de que en la adjudicación de contratos a determinadas empresas se estaba produciendo alguna irregularidad, y, suscribió Almeida, es ya “el único medio” que le queda al PP para “poder destapar esa red clientelar”, a la que no se alimenta solamente con contratos.

El portavoz popular prometió “documentar todos aquellos casos” en que detecten irregularidades, con los concejales concretos que hayan firmado los contratos, pero “dentro del marco general” de que, a su modo de ver, Ahora Madrid está intentando dejar establecidas “instituciones populares de resistencia” para cobijarse allí cuando salgan del Gobierno municipal.