La iniciativa salió adelante con 169 votos a favor, 137 en contra y 33 abstenciones. El texto, presentado por Unidos Podemos y transaccionado con el PSOE y el Grupo Mixto, plantea la puesta en funcionamiento “de forma progresiva” a lo largo de la legislatura de un sistema público de cuidados y atención a la dependencia integrado en los Servicios Sociales, “complementario y equiparable” al sistema público de salud, basado en la asistencia personal, así como de todos aquellos medios o recursos orientados a la consecución de una vida independiente.

La iniciativa plantea que este sistema haga efectivo el derecho de las personas a ser cuidadas “ampliando y superando” el desarrollo actual de la Ley de Dependencia. Propone elaborar en un período de un año y previo estudio del impacto económico, social y de género de este sistema, un plan de actuación para la puesta en marcha paulatina de varias medidas como es la ampliación de la inversión en esta materia, garantizando el 50% de la financiación del sistema de dependencia por parte del Estado.

Se plantea, entre otras medidas, recuperar la cotización a la Seguridad Social para las cuidadoras del entorno familiar; implantar la jornada laboral de 35 horas semanales cuando esta sea el resultado de la negociación con los interlocutores sociales; acabar con la dualidad entre jornadas "interminables" y empleo a tiempo parcial; establecer medidas de erradicación del fraude en la contratación a tiempo parcial, así como reconocer plenos derechos a las empleadas del hogar equiparándolas a las demás personas trabajadoras por cuenta ajena.

También reformular el sistema de permisos por nacimiento o adopción, estableciendo permisos iguales para cada persona progenitora y retribuidos con el 100% del salario; reconocer y hacer efectivo el derecho universal a la Educación Infantil pública y gratuita desde los cero años transfiriendo recursos para ello a las comunidades autónomas, y establecer prestaciones por hijo o hija a cargo adaptadas al nivel de renta y tipo de familia, con especial atención a las familias monoparentales.

La diputada de Unidos Podemos Sofía Fernández defendió la propuesta y dijo que persigue “garantizar que esas vidas (de personas dependientes) van a ser dignas en todo momento”. Fernández indicó que el empleo que se habría generado si se hubiera puesto en marcha la Ley de Dependencia entre los años 2011 y 2015 superaría los 600.000 puestos de trabajo. “Tenemos un mandato precioso en la Cámara”, señaló dirigiéndose al PSOE, “para desarrollar vidas dignas”.

Por su parte, la socialista María Soledad Pérez señaló que “este Gobierno conoce bien la importancia de interpretar el trabajo del cuidado como una actividad justa y fundamental” y que su grupo votaría a favor de la iniciativa.

Desde el PP, Carmen Navarro anunció el voto en contra de los populares “por responsabilidad y coherencia” y criticó que Podemos “se ha quedado compuesto y sin ministros”. “Aquí hay vocación de diálogo y vocación de acuerdo” y “en ningún caso vamos a dejar que deshagan el camino que ya hemos andado”, afirmó.

Por parte de Ciudadanos, Marta Martín afirmó que la financiación para el Sistema de Dependencia es “absolutamente insuficiente" y "muy injusta y muy inequitativa” al depender de las comunidades autónomas. Martín pidió “hacer política y no soflamas” respecto a los permisos por nacimiento y reclamó a Unidos Podemos que “no meta la ideología” en la educación pública desde los cero años que reclama en la iniciativa.