El PSOE insta al Consejo de Gobierno a elaborar en el plazo de dos meses un instrumento normativo que contemple la creación de una Red de Oficinas de Asistencia a las Víctimas en la Comunidad de Madrid, con los "requisitos, exigencias y personal especializado que establece la Ley del Estatuto de la Víctima del Delito".

La citada red debe estar adscrita a la Administración de Justicia de la Comunidad de Madrid, según la PNL.

Según el PSOE, La Comunidad de Madrid se debe comprometer a “implantar y poner en funcionamiento una Red de Oficinas de Asistencia a las Víctimas en su territorio y reordenar, gestionar y organizar de manera eficaz las estructuras asistenciales y de apoyo al sistema de justicia”.

En la citada iniciativa se expone que las oficinas estarán integradas por personal al servicio de la Administración de Justicia, psicólogos o cualquier técnico que se considere necesario para la prestación eficiente del servicio: expertos en infancia y adolescencia, en víctimas de crímenes sexuales, de delitos de odio, asistencia en catástrofes, delitos de terrorismo, violencia de género y trata de seres humanos, personas con discapacidad".

"Sería deseable que también contaran con asesoramiento jurídico y acompañamiento procesal imprescindible para reforzar a las víctimas durante el proceso al que se enfrentan, humanizando así la gestión de la administración de justicia que priorizará la atención a las víctimas", añade Llop en la iniciativa.

También añade que esta red de oficinas ha de funcionar de acuerdo con los principios del Estatuto de la Víctima que parte de un "concepto amplio de víctima, por cualquier delito y cualquiera que sea la naturaleza del perjuicio físico, moral o material que se le haya irrogado".

Asimismo, indica que debe incluir "a la víctima directa, pero también a víctimas indirectas, como familiares o asimilados, y además la protección y el apoyo a la víctima no es sólo procesal, ni depende de su posición en un proceso, sino que cobra una dimensión extraprocesal".

Esta normativa, según la iniciativa, deberá garantizar además que las oficinas presten una valoración individualizada para las víctimas y familiares atendidos, desvinculando este servicio de la presentación de una denuncia.

Llop destaca que “se deberá prestar una especial atención a personas con discapacidad y a sus familias, víctimas de violencia de género, de trata de seres humanos, de delitos de terrorismo, de delitos de odio o aquéllas otras que se encuentren en una especial situación de vulnerabilidad". También se ofrecerá un "tratamiento individualizado cuando la víctima sea menor de edad".