Según informa la CNC, dichos registros responden a la existencia de sospechas de posibles prácticas anticompetitivas en estos sectores consistentes, en general, en acuerdos cuyo objeto sería el reparto de los mercados y la fijación de precios en dichos mercados, que se articularía mediante un reparto de contratos y de clientes, y fijando los precios de los productos mencionados en el territorio nacional.

Las inspecciones suponen un paso preliminar en el proceso de investigación de las supuestas conductas anticompetitivas y no prejuzgan el resultado de las investigaciones ni la culpabilidad de las empresas inspeccionadas. En caso de acreditarse algún indicio se procedería a la incoación formal de los correspondientes expedientes.

Estas conductas se consideran como una infracción muy grave, que podría suponer una multa de hasta el 10% del volumen de negocio total de las empresas infractoras en el ejercicio inmediatamente anterior al de imposición de la multa.