El libro recoge la proliferación en los últimos años de las estaciones de servicio de carburantes desatendidas en España “ante la pasividad, cuando no la connivencia, de los gobiernos y autoridades públicas”, que según la entidad ha supuesto un grave perjuicio para las personas con discapacidad al ver cómo les era negado el acceso a un servicio básico, tanto por la falta de accesibilidad de las mismas como por la inexistencia de personal para ser atendidas.

“Este hecho no sólo ha dañado a las personas con discapacidad, grupo social severamente castigado en su participación comunitaria, sino también a los derechos de las personas consumidoras en general, y de quienes prestan sus servicios en estas instalaciones, que han sufrido una reducción en el empleo en términos muy preocupantes”, denunció el Cermi.

Ante esta situación “alarmante de retroceso social y de derechos”, la organización de personas con discapacidad ha venido actuando en el plano europeo, español y autonómico para exigir una “legislación protectora que obligue a que todas las estaciones de servicio de carburantes cuenten con personal que atienda especialmente a los consumidores con discapacidad y mayores que lo requieran”.

Para justificar esta demanda, el Cermi aporta argumentos jurídicos, sociales, operativos y hasta económicos, elaborando este informe que acredita que el modelo de estaciones de servicio sin personal “vulnera la legislación europea y española y debe ser impedido, reorientándolo por vía legal, plenamente respetuosa de los principios y mandatos tanto de los ordenamientos de la Unión Europea como de la española, a un modelo accesible e inclusivo, que no segregue y no excluya por razón de discapacidad, comprometiendo el derecho básico humano a la libre circulación y a la movilidad”.