En la comisión del Congreso de los Diputados que investiga la crisis financiera, Gortázar puso en valor que “CaixaBank no ha costado dinero al contribuyente”.

Al contrario, expuso, el banco ha contribuido a la solución de la crisis en más de 4.300 millones de euros a través de las aportaciones al Fondo de Garantía de Depósitos y al Fondo Único de Resolución, con el repago de las preferentes de Banca Cívica y con la inversión realizada en el ‘banco malo’ Sareb. “Son 4.300 millones que han salido de nuestros bolsillo y no hemos tenido ayudas”, reiteró.

El ‘número dos’ de CaixaBank comenzó su intervención reconociendo que la crisis financiera puso de manifiesto que había aspectos que “no funcionaban suficientemente bien”, entre las que se encuentran unas políticas de riesgo deficientes, políticas de riesgo insuficientes, problemas de gobernanza, y un sistema “sobredimensionado y excesivamente atomizado”, a lo que se unió que el crecimiento de la economía era “muy desequilibrado” y que había un exceso de liquidez.

Tras diez años y un “gran esfuerzo”, expuso, “gran parte” de esos “desequilibrios están corregidos”, si bien “otros todavía persisten aunque en grado mucho menor”. Por ejemplo, comentó que “las políticas de riesgo se han corregido y la concesión de crédito es mucho más estricta”.

Según Gortázar, la “tarea pendiente es que todos juntos”, desde bancos a administraciones, reguladores y sociedad en general, “trabajemos para pasar página de la crisis y apoyar un sistema financiero saneado, bien regulado y supervisado, al servicio de sus clientes y de la economía en general”.

Así, subrayó que “si queremos que los bancos funcionen mejor debemos concluir rápidamente las necesarias reformas legislativas y mirar hacia adelante con espíritu constructivo para tener un sector financiero robusto que esté enteramente al servicio de la sociedad y que goce de su confianza”.

Sobre este último punto, el consejero delegado de CaixaBank defendió que el sistema bancario es el “aparato circulatorio” de la economía y sobre el que descansan multitud de servicios y de labores, desde la custodia y gestión del ahorro, el sistema de pagos o la concesión de créditos. Por ello, añadió, “cuando los ciudadanos desconfían de estas entidades se producen muchas disfunciones que afectan al normal desarrollo de la vida económica”.

RESOLUCIÓN DE ENTIDADES

El consejero delegado destacó, por otra parte, la necesidad de “mejorar” el sistema actual de recuperación y resolución de entidades. En este sentido, recordó que ante la ausencia de soluciones privadas y la necesidad de evitar un problema mayor para la economía, algunas entidades fueron rescatadas con ayudas del Estado y que “desafortunadamente no se han recuperado”.

Para Gortázar, eso “no es un resultado aceptable para la sociedad” y, además, “hace un gran daño a la reputación del sector bancario”. Eso perjudica, dijo, tanto a los bancos que fueron rescatados como a aquellos que “no necesitaron ayudas e incluso aportaron dinero, y mucho, de sus balances para contribuir a la solución”.

El responsable de CaixaBank subrayó que la manera “menos costosa” de resolver un banco es acordar la venta de sus activos y pasivos a otra entidad, un proceso en el que es “clave” la seguridad jurídica.

Por ello, expuso que si tras un proceso de resolución, el comprador se puede ver obligado a responder por las contingencias generadas por actuaciones del banco rescatado, es “probable que decida no acudir al rescate, privando al mecanismo de resolución de la alternativa más eficiente”.

El consejero delegado de la entidad comentó que en función de cómo se desarrollen las responsabilidades del último proceso de resolución habido en España, en referencia a la compra del Popular por parte del Santander, es “posible que no aparezca ningún voluntario para hacerse cargo de la próxima entidad con problemas”.

De esta manera, consideró “prioritario desarrollar legislación que libere de responsabilidades heredadas” al comprador de un banco en proceso de resolución.

LEY HIPOTECARIA

Gortázar también abordó la reforma de la ley hipotecaria, que se encuentra en proceso de tramitación en el Congreso, para indicar que la normativa existente anterior funcionó desde un punto de vista de acceso y precio de la financiación, pero no en la protección del consumidor, lo que ha hecho entrar en juego a los tribunales.

Esta legislación, comentó, es un “instrumento tan central en la vida de los ciudadanos y de tan largo plazo debe tener unas reglas muy claras”. Así, aseguró que como entidades “preferimos reglas claras y predecibles, aunque sean menos favorables, que la inseguridad jurídica actual que ha llevado a la paralización generalizada de los procedimientos hipotecarios”.

“Aunque sea más dura la nueva legislación, debe ser suficientemente protectora de la garantía hipotecaria para que los bancos sigan financiando, en condiciones muy competitivas, hipotecas a largo plazo”, sentenció.