Ese real decreto, que vio la luz en plena crisis económica y fue impulsado por un gobierno del Partido Popular, permite aumentar en un 20% el ratio de alumnos por aula, incrementar la jornada lectiva de los docentes hasta las 25 horas en Educación Infantil y Primaria y 20 horas en Secundaria, y ampliar a diez días el plazo para nombrar funcionarios interinos que sustituyan a profesores, excepto en algunas situaciones.

Según explicó la ministra de Educación y Formación Profesional, Isabel Celaá, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, el nuevo texto se aplicará el próximo curso 2019-2020, salvo en lo relativo a la sustitución de los docentes, que entrará en vigor “cuando la ley sea pública” en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

Celaá, que mostró su “felicidad” por la aprobación del anteproyecto, insistió en que la medida “significa la reversión de recortes de la Lomce en lo que se refiere a las ratios de las aulas como a la carga docente, que no como carga horaria, pues todos los empleados públicos tienen 37,5 horas”.

La ministra concretó que el objetivo es que “las CCAA y los centros educativos no incrementen el 20% del número de alumnos y alumnas en los grupos”, porque eso sería “de muchísima ayuda a la calidad de la educación”, y se trata de una medida “pedida por profesores, padres y alumnos”.

También con el objetivo de la calidad educativa, indicó Celaá, no se tolerará que un profesional sea sustituido, a partir de los 10 días. Cuando se apruebe la ley ese periodo se reducirá "en función de las circunstancias".

Asimismo, dijo que la nueva normativa “devolverá a las CCAA su capacidad autonormativa para decidir cuál es la atribución de docencia directa que han de tener sus profesionales”.

POR LEY

“Todo esto lo vamos a hacer por ley”, aseveró, y entrará en vigor en el curso 2019-2020 “porque no había tiempo material para que entrara en vigor en este curso”. “Llegamos en junio y los centros tenían su planificación establecida”, se excusó la responsable de Educación, en referencia al tiempo que el actual Gobierno ha tenido para impulsar estas medidas educativas.

Tras la aprobación de este anteproyecto, el documento volverá al Consejo de Ministros para ser aprobado como proyecto de ley. Posteriormente, se remitirá al Congreso de los Diputados, donde iniciará su tramitación parlamentaria.

Finalmente, en relación a los presupuestos que se contará la nueva ley, Celaá remarcó que “es competencia de las CCAA”, aunque “muchas” autonomías “ya han ido revirtiendo algunas cosas” en cuestiones de sustituciones o ratios. “Las comunidades autónomas no han podido resistir la presión” de la legislación de anteriores gobiernos, aseveró, e indicó que el coste se incluirá “en parte” en los nuevos presupuestos de 2019 y que otros “ya están absorbidos”.