Cada año, el Estado colabora en la financiación del transporte regular de viajeros de Madrid y Barcelona mediante la concesión de una subvención nominativa que se recoge en la Ley de Presupuestos Generales del Estado.

En ambos casos el importe de la subvención es por una cuantía superior a los 12 millones de euros, por lo que es necesario acuerdo del Consejo de Ministros para su autorización, tal y como dispone la Ley General de Subvenciones.

Como requisito previo a su concesión, el Consorcio Regional de Transportes de Madrid y la Autoridad del Transporte Metropolitano de Barcelona-Autoritat Metropolitá, deben acreditar que disponen del correspondiente Plan de Movilidad Sostenible y que el mismo es coherente con la Estrategia Española de Movilidad Sostenible.