La iniciativa fue presentada por el PSOE y contó con 19 votos a favor, mientras que los 14 diputados del PP se abstuvieron. La proposición de ley era idéntica a otra presentada por los socialistas en la Comisión sobre Seguridad Vial y Movilidad Sostenible de la Cámara Baja y que fue aprobada por unanimidad el pasado 30 de mayo.

Esta vez, desde el PSOE aceptaron una enmienda presentada por Ciudadanos, de manera que el texto aprobado llama al Gobierno a promover campañas para el uso del cinturón de seguridad en los autobuses y sistemas de retención en el transporte escolar “en función de las posibilidades presupuestarias”, y a incrementar las campañas de vigilancia e inspección de los autobuses escolares que realiza la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil.

Esas consideraciones se añaden a las inicialmente propuestas por los socialistas, en el sentido de que el Gobierno debería modificar el Reglamento General de Circulación para impedir que los vehículos de más de nueve plazas puedan trasladar a menores si ningún sistema de retención infantil homologado y para que sea obligatorio que los buses escolares tengan dispositivos tecnológicos que impidan su arranque al detectar que el conductor va bebido.

La iniciativa fue defendida por Begoña Tundidor, del PSOE, quien destacó que el cinturón de seguridad no es obligatorio en los autobuses escolares fabricados antes de 2007 y que más de 550.000 menores viajan en ese tipo de vehículos para ir a clase.

2023, DEMASIADO LEJOS

Según la Dirección General de Tráfico, en 2017 había 63.789 autobuses matriculados y en funcionamiento, de los que 35.962 eran anteriores a 2007, lo que supone cerca de un 56%.

Tundidor comentó que 2023 es “una fecha demasiado lejana en el tiempo” para que el uso del cinturón de seguridad en los autobuses escolares sea obligatorio, ya que “la seguridad de los menores no puede esperar tanto”.

Por otro lado, Loreto Cascales, del PP, calificó de “tomadura de pelo”, “pantomima” y “postureo” la proposición no de ley debatida este miércoles porque fue la misma aprobada el pasado 30 de mayo en otra comisión parlamentaria, y lo achacó al “marketing en estado puro” del Ejecutivo de Pedro Sánchez (al que calificó de “Gobierno ‘okupa’ que no ha sido votado por los españoles”), en el sentido de “parecer que están haciendo algo cuando no están haciendo absolutamente nada”.

Por su parte, Rosa Ana Alonso (de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea) consideró “absolutamente necesario” que se lleven “las actuaciones que hagan falta” para proteger a los menores que viajan en autobuses escolares y Félix Álvarez (Ciudadanos) se mostró partidario de modificar el Reglamento General de Circulación “siempre en constante comunicación y colaboración con las asociaciones pertinentes y, sobre todo, con las empresas de transporte escolar”.