La portavoz adjunta de Unidos Podemos, Ione Belarra, enumeró los casos de la expresidenta de la Comunidad de Madrid Cristina Cifuentes, la exministra de Sanidad Carmen Montón y el presidente del PP, Pablo Casado, a los que “nadie les creyó” porque otros alumnos han tenido que invertir decenas de horas, superponer versiones de sus trabajos e intercambiar decenas de correos con sus profesores, a los que el PP y el PSOE les hicieron tragarse el plan Bolonia, la mercantilización de la universidad y la creencia de que había que esforzarse para trabajar.

Según Belarra, “todo apunta a una trama de corrupción en la que el señor Álvarez Conde regalaba títulos a políticos como prebendas”, por lo que, para resarcir a los alumnos leales y salvaguardar el prestigio de la universidad, es necesaria esta comisión de investigación. Igualmente, cree que hace falta para que Casado “no se vaya de rositas”, y terminó interpelándole directante cuándo va a dimitir y si no le da vergüenza seguir ocupando su escaño después del supuesto fraude de su máster.

Desde ERC, Joan Olòriz Serra dijo que, aunque ésta no es exactamente su propuesta, porque el espacio de la comisión debería ser la Asamblea de Madrid y no el Congreso, la suscribía porque defiende la autonomía de la universidad y a la vez la rendición de cuentas de ésta a la sociedad, por lo que “tiene que estar por encima de los tejemanejes políticos”.

Sergi Miquel del PDECat, justificó su sí “por responsabilidad y compromiso con la universidad”. Joseba Agirretxea, del PNV dijo que su grupo se abstendría porque, pese a que el IDP era un pozo sin fondo, las comisiones de investigación en el Congreso acaban en un titular y poco más, y sobre todo las autoridades competentes del ámbito universitario son las comunidades autónomas

Marta Martín, portavoz de Educación de Ciudadanos, señaló que lo ocurrido en el Instituto de Derecho Público de la URJC le parece “intolerable” y “una hipérbole de la degradación y la fagocitación política de la universidad”, síntoma del problema más general de depender de los gobiernos, organizar másteres para financiar a muchos centros y haber caído en “la endogamia y la ceguera”. Anunció su voto a favor de la comisión pero denunció que Unidos Podemos no apoyó en cambio la proposición de ley de universidades de su grupo, para que la comisión no . se convierta en cortina de humo que tape los otros problemas de las universidades.

La diputada socialista Mari Luz Martínez Seijo afeó a Ciudadanos que se quejara de bloqueo de iniciativas cuando ellos lo han hecho de otras en la Mesa del Congreso y la supuesta hinchazón del currículum de su presidente, Albert Rivera. Además, recordó que la URJC ya ha cerrado el Instituto de Derecho Público, pero aun así, por los principios de transparencia, responsabilidad, decencia y dignidad que demostró Montón con su dimisión, anunció que votaría a favor de la propuesta. Martínez Seijo no perdió ocasión de reprochar a Casado que no hiciera lo mismo, le negó toda autoridad para hablar de la cultura del esfuerzo y el sistema educativo y afeó a la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid que “haya podido desconocer u obviar todas estas irregularidades”. No obstante, no quiso que éstas se hagan extensivas a toda la universidad, ni siquiera a toda la URJC.

Silvia Balmaña, del PP, lamentó que la coartada del interés público se utilice para servir intereses espúreos de los proponentes de la comisión de investigación y los que actúan “de palmeros”, en alusión a ERC y repitiendo el calificativo que el diputado Gabriel Rufián dedicó esta mañana a la ‘popular’ Beatriz Escudero. A Podemos le recordó el caso de Íñigo Errejón que cobró de la Universidad de Málaga sin tener la dedicación que se le requería, al PSOE la tesis del “presidente del Gobierno del plagio” Pedro Sánchez y al PDECAt otro análogo que acaba de salir.

A Ciudadanos le replicó que en la universidad sólo ha visto gente capaz, por lo que quiso defender el buen nombre del mundo académico y en particular el de la URJC, frente a los “casos puntuales”, y concluyó que no sabe cómo calificar el hecho de que el mismo día que Sánchez se ha negado a comparecer en el Senado por su tesis se debata en el Congreso un caso como el de Casado “infinitamente menos grave” y que ya han desechado investigar los tribunales.