El Cermi indicó este sábado en un comunicado que la admisión de la esterilización forzosa o no consentida para personas incapacitadas judicialmente (mujeres y varones, pero que se aplica fundamentalmente en la práctica a mujeres con discapacidad) en el Código Penal es “la vulneración más grave de los derechos humanos fundamentales de las personas con discapacidad que persiste en el ordenamiento jurídico español”.

Por ello, el movimiento social organizado de la discapacidad (Cermi y Fundación Cermi Mujeres) intensificará ahora su acción de propuesta y presión ante el Parlamento y el Ejecutivo para conseguir la modificación del artículo 156 del Código Penal, que admite la posibilidad de esterilizar a personas incapacitadas judicialmente sin su consentimiento.

Para el Cermi, la esterilización forzosa “choca frontalmente” con los mandatos del artículo 23 de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que consagra el derecho a que “las personas con discapacidad, incluidos los niños y las niñas, mantengan su fertilidad, en igualdad de condiciones con las demás”, algo que todos los Estados parte deben respetar, entre ellos España.