Así se desprende del informe presentado este miércoles por Cruz Roja y la Federación Española de Bancos de Alimentos en el que ambas organizaciones realizaron una evaluación conjunta de este programa de alimentos y que ha contado con el apoyo del Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA).

Según explicó la responsable del programa en Cruz Roja, María Jesús Gil, el 13% de los 1,4 millones de beneficiados en 2017 (un 34,8% menos que en 2014) entre los que se repartieron más de 87 millones de kilos de alimentos, percibía unos ingresos inferiores a 100 euros mensuales y el 60% inferiores a 500 euros al mes, por lo que se encontraban en una situación “extremadamente precaria”, ya que, además, sólo el 39% recibía rentas mínimas.

En cuanto al perfil del beneficiario, además de las mujeres, los más afectados por esta situación son parados, mayores, población infantil y extranjeros. El 90,2 % vivía en situación de pobreza extrema y la tasa de trabajadores pobres ascendía al 97,8% de usuarios, casi un punto menos que el porcentaje de pobreza infantil detectado en los hogares beneficiados.

Por otra parte, en cuanto al perfil, destaca las personas con un nivel educativo medio-bajo y que, en el 25% de los casos, sufre problemas de salud. Además, en el 16% de hogares había alguna persona con discapacidad y el 36% tenía problemas de vivienda.

El 36% del total lleva entre tres y cinco años o más en el programa y el 67% no participa en otros programas sociales.

En el último año, según matizó Gil, se ha detectado una disminución de usuarios tanto en organizaciones de reparto, entre las que bajó en un 26%, como entre organizaciones de consumo, que registró un descenso del 17%.

Entre los aspectos positivos del programa, el 76% de usuarios admitió que el programa les saca “de muchos apuros”, y el 17% no sobreviviría sin él. Para las organizaciones implicadas, permite detectar problemáticas sociales, coordinar respuestas, mejorar el conocimiento de la realidad social o de la capacidad de gestión.

Por lo que respecta a propuestas de mejora, los beneficiarios pidieron una mayor frecuencia de reparto de alimentos, la inclusión de nuevos productos en la cesta, la atención a las necesidades de cada familia o la consideración de la diversidad cultural y regional además de una tramitación más flexible y ágil o la implementación de una tarjeta de consumo y supermercados sociales.

Las organizaciones exigieron mayor capacitación a las familias en la administración del hogar, el aumento de las medidas de acompañamiento o la formación del personal voluntario.

Por su parte, el responsable del programa en Fesbal, Francisco Greciano, explicó que los objetivos del estudio han sido analizar la situación de las personas perceptoras del FEAD atendidas por ambas organizaciones así como el funcionamiento del propio programa y aportar información a la administración pública y a los actores implicados de cara al proceso de negociaciones para la adopción del nuevo marco financiero plurianual de la UE 2021-2027.

A lo largo del estudio, un total de 27.443 personas participaron en encuestas personales y se establecieron seis grupos de debate en toda España. Asimismo, en la consulta participaron 2.320 entidades de reparto, 875 organizaciones de consumo y 3.997 técnicos de voluntariado.

Para el presidente de Cruz Roja, Javier Senent, “nadie va a salir de la vulnerabilidad sin una fuente de ingresos sostenible” y esta investigación “da pie para analizar la privación de alimentación desde una nueva óptica”.

También el director general de FEGA, Miguel Ángel Riesgo, quien destacó que el 3,4% de españoles tiene alguna carencia alimentaria y sufre vulnerabilidad social.

Finalmente, el responsable de Fesbal, Juan Vicente Peral, “las cosas han cambiado, pero no lo suficiente”, en los últimos años, ya que están surgiendo un creciente número de personas que, a pesar de trabajar, tienen un nivel salarial “tan bajo que no les permite salir de la pobreza”.