Discapacidad

Una especialista en Derecho denuncia la discriminación de las personas con discapacidad que quieren ser jurado

- Pide más medios para garantizarlo

MADRID
SERVIMEDIA

Un trabajo de la profesora titular de Derecho Procesal de la Universidad de Zaragoza Regina Garcimartín insta a las administraciones públicas a garantizar todos "los medios materiales y humanos necesarios" para que las personas con discapacidad puedan ejercer de forma efectiva su derecho a formar parte de un jurado, ya que en la actualidad muchas de ellas son discriminadas y no pueden participar de la Administración de justicia como el resto de los ciudadanos.

Galardonada con el 9º premio 'Asociación Pro Jurado de España' por el Instituto Vasco de Derecho Procesal, la profesora denuncia que la gran variedad de circunstancias y de situaciones que presentan las personas con discapacidad implica que, en la práctica, muchas vean limitado su acceso a este derecho.

Bajo el título 'La inclusión de las personas con discapacidad en el tribunal del jurado: un análisis a la luz de la reforma de la LO 1/2017, de 13 de diciembre', esta investigación destaca que la reforma legal del año pasado sí supuso un avance respecto a la primera norma, que limitaba de forma expresa el derecho a formar parte de un jurado a las personas con discapacidad física o intelectual que por este motivo viesen dificultada dicha labor.

Con la nueva redacción, la mención a la discapcidad desaparece por completo y se garantizan "los apoyos necesarios y ajustes razonables" que permitan a este colectivo ejercer dicha función, siempre que puedan formarse un juicio. Ahora bien, la norma "no precisa de forma concreta cuáles han de ser esos apoyos, por lo que muchas veces la decisión final queda en manos de los jueces y funcionarios", señaló Garcimartín.

Por ello, pidió al ministerio y a las consejerías de Justicia que, de forma general, proporcionen los apoyos necesarios de antemano, para de este modo facilitar la integración de las personas con discapacidad cuando les llegue el turno de ser llamadas a un jurado.

"Esto implica habilitar rampas y ascensores en los juzgados", apuntó, "pero también "tener disponible un intérprete en lengua de signos que traduzca los juicios o una persona encargada de pranscribir documentos al Braille o a formato digital".

Más complicado resulta el caso de las personas con discapacidad intelectual, "donde sí que habría que determinar hasta qué punto la asistencia personal interfiere o no en su habilidad para interpretar los hechos juzgados", indicó.

Afirmó que, con todo, "lo ideal sería analizar caso a caso, siempre con la perspectiva de facilitar la máxima ayuda, incluso la entrada de un asistente a las deliberaciones del jurado, a fin de promover el ejercicio de derechos en igualdad de condiciones".

Según la autora, el artículo expone el derecho de las personas con discapacidad a participar en la Administración de Justicia a través del tribunal del jurado y la adecuación de la Ley a la Convención de las Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad.

(SERVIMEDIA)
18 Nov 2018
AGQ/gja