El PNV urge a convocar la ponencia encargada de modificar la ley de secretos oficiales

MADRID
SERVIMEDIA

El portavoz del PNV en el Congreso de los Diputados, Aitor Esteban, ha enviado una carta al presidente de la Comisión Constitucional, Jesús Posada, en la que le urge a convocar la ponencia encargada de reformar la ley de secretos oficiales.

Esteban, que ha enviado copia de la carta a los demás portavoces en esa comisión, recuerda que hace muchos meses que comenzó a tramitarse esa reforma, a petición de su grupo, sin apenas avances. El plazo de presentación de enmiendas, recuerda, comenzó en diciembre de 2016 y concluyó el pasado 21 de marzo, y hace seis meses que todos los grupos comunicaron los nombres de sus representantes en la ponencia sin que "nada" se haya hecho desde entonces.

"A pesar de nuestros requerimientos verbales (que he realizado de manera personal) para la convocatoria de la ponencia y la puesta en marcha de los trabajos, tras medio año no se ha hecho nada desde la mesa de la Comisión o de la Cámara para que fuera así. Es inaudito que ocurra algo semejante con una iniciativa que ya tiene designados ponentes", denuncia Esteban.

Reitera por ello por escrito y de manera "oficial" la petición para que se convoque esa ponencia, emplazando a Posada "a que, con la urgencia que requiere un asunto tan trascendental como este, la transparencia y el acceso a la información que da sentido a una democracia, la reforma de una norma franquista que data de 1968, largamente reclamada por investigadores e historiadores, tome cartas en el asunto y realice las gestiones para poner en marcha los procedimientos parlamentarios y permitir el debate de esta propuesta en la Comisión Constitucional".

La proposición de ley del PNV fue admitida a trámite por el pleno del Congreso en noviembre de 2016, defendida desde la tribuna por Miquel Legarda, que recibió el apoyo mayoritario para actualizar esa norma, procedente del franquismo, y adaptarla dentro de lo posible a los requerimientos de transparencia de una sociedad plenamente democrática.

La propuesta reclama sobre todo otorgar exclusivamente al Consejo de Ministros la competencia para clasificar documentos como secretos o reservados, y fijar plazos máximos para la vigencia de esa clasificación. Pretenden con ello evitar que la ausencia de esos protocolos de desclasificación sean la excusa para que los gobiernos de turno caigan en la inercia de no desvelar esos documentos.

(SERVIMEDIA)
27 Nov 2018
CLC/caa