Existe un “trato condescendiente y paternalista que considera a estas personas con menos capacidad”, destacó el director de la organización, Enrique Galván, durante la presentación de este análisis en la sede del Real Patronato de la Discapacidad en Madrid.

Estas ayudas, tal y como recoge el informe, no sólo serían escasas sino que, además, no incentivan a las personas con discapacidad intelectual a trabajar. “No les sale a cuenta”, aseguraron los autores del informe, ya que su perspectiva de ingresos anuales no supera los 11.764 euros.

En muchos casos, el tener unos ingresos por empleo “se les va a detraer de las prestaciones” que tienen concedidas, señala el estudio. Esas prestaciones son, asimismo, “bastante simbólicas”.

De hecho, Plena Inclusión estima un sobreesfuerzo económico de en torno a 24.237 euros el tener una discapacidad intelectual. Sin embargo, estas personas sólo podrían aspirar, de media, a unos ingresos mediante prestaciones a un montante mensual de 476 euros.

De esta manera, el estudio constata que las prestaciones “compensan en muy escasa medida ese sobreesfuerzo económico” al que se enfrentan las familias con un miembro con discapacidad intelectal.

En este sentido, los autores del estudio puntualizan en la “pobreza” de este colectivo. “Cuando analizamos las pensiones de invalidez no contributivas, hay un 44% que van a personas con discapacidad intelectual”, indican. Sin embargo, esta cifra contrasta con la representación de la discapacidad intelectual en el mundo de la discapacidad, pues sólo representa el 8,3%.

DISPARIDAD

De las 99 prestaciones estudiadas, entre estatales y autonómicas, “prácticamente ninguna está pensada para la discapacidad intelectual”, lo que demuestra el escaso foco en este colectivo a la hora de diseñar las ayudas económicas.

A ello se le suma que cada comunidad autónoma tiene sus propios criterios, por lo que “habría que aspirar a unos mínimos comunes” para evitar las prestaciones “dispersas” y la heterogeneidad en las prestaciones, habiendo una “diferencia abismal”. Por ejemplo, País Vasco y Cataluña cuentan con más prestaciones que Castilla-La Mancha o las ciudades autónomas.

Para Enrique Galván, “hay una falta de conciencia social de que estas personas tienen derecho a disfrutar de las mismas condiciones de vida que el resto de la población”, y reclamó promover su acceso a viviendas en propiedad o en alquiler y que su futuro “no se limite” a las residencias. “El capacitismo está enraizado en nuestra sociedad”, criticó.

ESTRÉS ECONÓMICO Y SOCIAL

Ante esta situación, Plena Inclusión España demanda acceso a una renta mínima para las personas con discapacidad intelectual sin que se tenga en cuenta la unidad familiar, a fin de contribuir a su independencia. También considera prioritario aumentar la prestación por hijo a cargo a los 170 euros mensuales, así como un complemento del 50% cuando el menor cumpla la mayoría de edad si tiene una discapacidad entre el 65% y el 75%.

Además, el ingreso mínimo específico para este colectivo debería ser, según la organización, equiparable al salario mínimo interprofesional para que se sitúe en los 735 euros mensuales.

“España está en la cola de la prestación por hijo a cargo”, denunció Galván, quien aseguró que las familias de las personas con discapacidad intelectual “sufren estrés económico y social” por la ausencia de apoyos.

También preocupa que las prestaciones sean, en muchos casos, incompatibles con tener un empleo y que, a su juicio, favorecen el hecho de que las personas con discapacidad intelectual huyan del trabajo por miedo a perderlas.

En definitiva, tal y como resumió Enrique Galván, se trata de diseñar un sistema “que promueva la autonomía” y que aproveche “la tecnología”, de forma que “considere a las personas con discapacidad intelectual como sujetos emancipados de la visión paternalista”.