Según informó este sábado el Cermi, el estudio abordará, desde un enfoque de derechos humanos, igualdad y no discriminación, el impacto que la dependencia del suministro eléctrico tiene sobre numerosas personas con discapacidad que requieren energía para su vida diaria, su autonomía personal, su salud o su seguridad.

La investigación partirá de una visión general de las personas con discapacidad ante las situaciones de emergencia, para profundizar posteriormente en la caracterización de la electrodependencia por motivos de discapacidad, su dimensión social, jurídica y estadística, así como su impacto diferenciado por razón de género.

El informe analizará el impacto del colapso del sistema eléctrico español ocurrido el 28 de abril de 2025 sobre las personas con discapacidad electrodependientes, como ejemplo ilustrativo de la vulnerabilidad existente y de la insuficiencia de los mecanismos actuales de prevención y protección ante emergencias de suministro energético.

ANÁLISIS NORMATIVO EUROPEO

Se llevará a cabo un rastreo del tratamiento de esta cuestión en el ordenamiento jurídico europeo y español, con el fin de constatar las lagunas y carencias normativas existentes. El estudio se centrará en identificar las deficiencias de los marcos regulatorios actuales en materia de protección de personas electrodependientes.

Como resultado final, el estudio formulará propuestas concretas de regulación normativa y de política pública, tanto en el ámbito de la UE como en el estatal y autonómico, incluyendo iniciativas de rango legal y reglamentario orientadas a garantizar la seguridad, la dignidad y los derechos.

Para la realización de este estudio, el Cermi cuenta con la ayuda del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, en el marco de su convocatoria de subvenciones con cargo al IRPF y al Impuesto sobre Sociedades, destinada a otros fines de interés social.

Esta financiación permitirá dotar al proyecto del rigor técnico y la participación del movimiento social de la discapacidad necesarios para su impacto institucional. El Comité refuerza así su compromiso con la anticipación normativa y la protección de los derechos de las personas con discapacidad. Con esta iniciativa, la entidad apuesta por la construcción de políticas públicas inclusivas ante los nuevos riesgos derivados de las transiciones energética y digital.