En una reunión de trabajo mantenida hoy con la secretaria de Estado de Seguridad, Ana María Botella, los representantes del Cermi han señalado la alta exposición de las personas con discapacidad a los ataques delictivos instigados por motivos de odio, "por lo que han de ser un grupo social con protección reforzada ante este tipo de ilícitos penales, y así debe ser recogido en la estrategia contra los delitos de odio que prepara el ministerio del Interior", reclamó el Comité.

Además de esta cuestión, ha insistido en la necesidad del cumplimiento efectivo de los mandatos legales de accesibilidad universal en las dependencias del Ministerio del Interior abiertas al público, como las comisarías del Cuerpo Nacional de Policía, los Cuarteles y Puestos de la Guardia Civil o las oficinas de expedición de Documento Nacional de Identidad (DNI) y del pasaporte, etc.

Asimismo, los responsables del Cermi han pedido al departamento responsable de la seguridad ciudadana la adopción de una estrategia de toma de conciencia y formación sobre atención adecuada por parte de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado a las personas con discapacidad, inspirada en los principios, mandatos y valores de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

Otras las cuestiones abordadas en la reunión ha sido la situación del reglamento de desarrollo de la Ley de Seguridad Privada, que permitirá una vez aprobado el acceso de personas con discapacidad al empleo de vigilantes de seguridad, del que están ahora excluidas.

De igual modo, el Cermi ha reclamado la revisión de los cuadros de exclusiones psicofísicas que rigen para el acceso al Cuerpo Nacional de Policía y a la Guardia Civil, "que incurren en discriminación por causa de discapacidad y la necesaria regulación de la segunda actividad, que permita mantener activos a los agentes del orden que adquieren una discapacidad sobrevenida".