Las cuentas aprobadas por el Ejecutivo en octubre para su remisión a Bruselas ratificaban, pese a su rechazo en el Congreso a finales de julio, la intención de reducir el déficit público al 2,7% este año, bajarlo al 1,8% en 2019 y al 1,1% al ejercicio siguiente.

Si no pudiese acordar los Presupuestos por falta de apoyos parlamentarios y tuviese que proceder a prorrogar los heredados del Gobierno del PP, dicha tasa se situaría en el 2,2% del PIB el próximo año por la propia inercia económica.

El proyecto remitido a la Comisión Europea pivota sobre una reducción del déficit y deuda y aumento del gasto social. Así plantea bajar el peso de la deuda pública para el conjunto de las administraciones a un valor equivalente al 97% del PIB a finales de este año y al 95,5% al término del siguiente.

Según las estimaciones del Gobierno, el gasto total del conjunto de administraciones públicas aumentarán en 2019 un 3,1%, pasando de 499.841 millones de euros a 515.552 millones.

En paralelo los ingresos se incrementarán en un 5,7% y escalarían de 466.891 millones a 493.329 millones. De esta forma, la diferencia entre ingresos y gastos pasaría de los 32.950 millones en negativo de 2018, a un déficit de 22.223 millones.

Para lograr dicho encaje y asegurarse una mayor recaudación de ingresos, el Ejecutivo ha anunciado varias reformas fiscales y la creación de nuevas figuras tributarias como la 'Tasa Google' y el impuesto a las transacciones financieras.