El premio al Pacto de Estado se ha materializado en el reconocimiento a las Cortes, aunque previamente, el galardón también ha sido recogido por el portavoz adjunto de Ciudadanos en la Comisión de Igualdad de la Cámara Bája, Miguel Ángel Garaulet, en representación de todas las fuerzas políticas, poniéndose en valor también la contribución del Congreso de los Diputados. Dicha entrega tuvo lugar durante el II Foro Social de Mujeres y Niñas con Discapacidad, celebrado en Murcia el 22 y 23 de noviembre.

Este jueves, por parte del Senado, la encargada por parte del Senado de recoger el premio fue la presidenta de la Comisión de Igualdad, Susana Camarero, también en representación de todos los grupos parlamentarios. La encargada de realizar la entrega fue la comisionada de Género del Cermi Estatal y vicepresidenta ejecutiva de la Fundación Cermi Mujeres, Ana Peláez, y la responsable de dar lectura al fallo del jurado fue la directora ejecutiva del Cermi, Pilar Villarino.

RESPUESTA POLÍTICA VIGOROSA

Precisamente, el jurado ha premiado al Pacto de Estado contra la Violencia de Género, “la respuesta política más vigorosa hasta el momento que desde los poderes públicos se ha dirigido contra el devastador fenómeno de la violencia de género en nuestro país que, gracias al activismo y la capacidad de incidencia de la articulación social de las mujeres con discapacidad, ha recogido las demandas y necesidades de esta parte de la población femenina, situándolas en posiciones relevantes de la agenda política de género”.

En el acto, Susana Camarero puso en valor el hecho de que las políticas de discapacidad logren el consenso de todas las formaciones políticas y recordó que el Pacto de Estado recoge 22 medidas en favor de las mujeres y niñas con discapacidad.

Por su parte, Ana Peláez mostró su gratitud por el apoyo que el Senado brinda siempre a las mujeres y niñas con discapacidad, al tiempo que puso como ejemplo de buena práctica la aprobación ayer por el Pleno de la Cámara Alta de la obligación legal de que las estadísticas judiciales sobre violencia de género incluyan datos específicos sobre mujeres y niñas con discapacidad, según establece la modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial.