Frente al Tribunal Supremo se concentró un nutrido grupo de profesionales de la información tras una pancarta en la que se podía leer: "Nuestro secreto profesional, tu derecho a la información".

Durante casi una hora se han sumado a la protesta el Sindicato de Periodistas de Madrid, la Asociación de la Prensa de Madrid y la Federación de Asociaciones de Periodistas de España y otras organizaciones de periodistas. A lo largo de la concentración se corearon gritos como “el secreto no se toca”, “sin periodistas, no hay democracia”, “juez, escucha, la prensa no se asusta” o “juez, respeta nuestro derecho”.

Estas frases iban dirigidas al titular del Juzgado de Instrucción número 12 de Palma de Mallorca, Miguel Florit, que ordenó requisar móviles y ordenadores a redactores de Europa Press y 'Diario de Mallorca' con el fin de identificar las fuentes de una filtración sobre las presuntas ilegalidades del `caso Cursach´.

Ninguno de los dos periodistas está investigado. Además, se les impidió consultar a los servicios jurídicos en el momento de los registros. Ambos profesionales y las empresas para las que trabajan se han querellado contra el juez.

La jefa de la sección de tribunales de Europa Press, Cristina Gallardo, leyó un comunicado en el que los periodistas mostraron su preocupación por la “insólita intromisión” de la justicia en el trabajo periodístico y defendieron el secreto profesional protegido por la Constitución.

El pasado jueves, un total de 658 periodistas de toda España presentaron un escrito ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en el que mostraban su “intensa preocupación y alarma por la insólita e injustificable intromisión” que supone la incautación judicial de móviles y ordenadores a periodistas de Mallorca para investigar una filtración del 'caso Cursach'.

"En 40 años de vigencia de nuestra Constitución ningún miembro del Poder Judicial había ordenado entradas y registros en medios de comunicación para incautarse de teléfonos móviles y ordenadores de periodistas que tratan de cumplir su misión constitucional en relación con un caso de corrupción: proporcionar información veraz a los ciudadanos", dice el escrito, en el que los informadores destacan la necesidad de respetar el artículo 20 de la Constitución.

"El secreto profesional de los periodistas es el único secreto constitucionalmente protegido y su sacrificio para perseguir un delito de revelación de secretos representa no solo un ataque desproporcionado al derecho fundamental a la información, sino que también sienta un precedente gravísimo", decía la misiva.

Esas incautaciones significan, según los informadores, "demoler por completo y de forma indiscriminada la debida protección de las fuentes periodísticas", sin las cuales "la libertad de información, fundamento del sistema democrático y de una opinión pública libre, simplemente desaparece".

Los firmantes del documento insisten en que el CGPJ "no puede permanecer ajeno a este despropósito", dado que una de sus funciones es "procurar que los órganos judiciales actúen de forma que merezcan la confianza de los ciudadanos", y le piden que explicite “su inequívoco compromiso con el derecho fundamental a la información sin injerencias indebidas".

Ese mismo día, la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) se pronunció, asegurando comprender la “preocupación” de los profesionales del periodismo y medios de comunicación y afirmando su compromiso en la defensa de la libertad de información, aunque puntualizando que la tarea de “establecer el alcance y límites de ese derecho y de sus mecanismos de protección corresponde a los jueces y tribunales en el seno del proceso y constituye, en esencia, una labor jurisdiccional cuya revisión y control no es ni puede ser función del Consejo General del Poder Judicial, sino de los propios tribunales por la vía de los correspondientes recursos o mediante el ejercicio de las acciones que resulten procedentes”.