Durante el debate del dictamen, la ministra de Economía, Nadia Calviño, agradeció el trabajo de todos los grupos parlamentarios por la, en su opinión, mejora del proyecto durante su tramitación parlamentaria y el “amplio consenso” alcanzado.

Por parte del PP, Carlos Floriano puso en valor que esta norma “es la prueba de que los consensos se pueden alcanzar partiendo desde posiciones divergentes” y que el texto “es favorable para los ciudadanos”. Sin embargo, el diputado popular pidió el apoyo a una enmienda, que también presentarán en el Senado, para eliminar el Impuesto de Actos Jurídicos Documentados, al considerar que, a pesar de que el Gobierno haya legislado para que lo paguen los bancos, estos lo repercutirán en los clientes.

ABUSOS DE LA BANCA

Gonzalo Palacín, diputado del PSOE, señaló el voto a favor del dictamen y destacó la mejora del proyecto a través de la tramitación parlamentaria y que, aunque no es el texto que hubiera elaborado su grupo, será una norma positiva para los intereses de los consumidores hipotecarios, ya que “revertirá muchos de los abusos de la banca”.

En representación de Unidos Podemos, Rafael Mayoral criticó que este proyecto de ley no haya esperado a conocer las conclusiones de la comisión de investigación de la crisis financiera celebrada en el Congreso y aseguró que el texto “defiende los intereses de los fondos buitre, que siguen en rescate permanente mientras se sigue machacando a las familias de nuestro país”. Asimismo, denunció que el proyecto “no cumple con las sentencias del Tribunal de Justicia de la UE” y que “tiene como finalidad proteger a las entidades financieras y volver a hinchar la burbuja inmobiliaria”.

En cuanto a Ciudadanos, Rodrigo Gómez resaltó que se trata de “una ley muy importante y fundamental” porque “el 80% de los españoles tiene una vivienda en propiedad y la inmensa mayoría la compran con una hipoteca”. Así, destacó la necesidad de esta ley por “la gran cantidad y la duración” que suponen las hipotecas para las familias y por “los abusos y malas praxis de parte de la banca, que han pagado miles de ciudadanos”.

CONTENIDO

El nuevo mecanismo fijado en la reforma hipotecaria para poner en marcha el proceso de ejecución hipotecaria cuando se produce el impago no será de aplicación a las operaciones ya vencidas, con independencia de que se encuentren ya o no judicializadas.

La nueva ley acabará con la regla que permitía a un banco iniciar el proceso de reclamación de la deuda cuando se acumulasen tres cuotas de amortización sin pagar, y lo sustituye por un mecanismo más exigente para la banca y favorable para el consumidor donde será necesario que la familia haya acumulado 12 impagos o el 3% del capital concedido sin abonar para lanzar el proceso.

Esa regla rige en la primera mitad de vida del préstamo. Para la segunda mitad, el impago tendría que acumular 15 meses sin sufragar la cuota o haber acumulado una deuda impagada equivalente al 7% del préstamo recibido.

La futura ley pone especial acento en mejorar la comercialización de las hipotecas para proteger al ciudadano, garantizar que saben realmente lo que contrata y acabar con la alta litigiosidad vinculada a esta financiación por condiciones como las cláusulas suelo, los gastos de constitución, el IRPH o las cláusulas de vencimiento anticipado, restableciendo la seguridad jurídica.

Precisamente a raíz de esa alta litigiosidad y para acabar con ella, los grupos parlamentarios han acordado que sea el banco el que asuma todos los costes de formalización del préstamo, incluido el impuesto de actos jurídicos documentados; con la única excepción de la tasación, que correrá a cargo del cliente.

REDUCCION DE COMISIONES

Además, se obligará a los bancos a señalizar de manera clara y con diferente tipografía las cláusulas más conflictivas y se refuerza el rol de notarios y jueces para que vigilen que no se imponen condiciones contractuales abusivas. A los notarios se les exigirá además asesorar de manera gratuita al cliente para que entienda bien lo que firma y qué obligaciones contrae.

La nueva ley limita los intereses moratorios, obliga a la conversión de las hipotecas multidivisa, y exigirá a la banca efectuar un análisis de solvencia de los clientes antes de otorgarles un préstamo para evitar que asuma deudas que no puede afrontar.

Para facilitar la amortización acelera o cambiar el préstamo a otro banco aplicará una rebaja drástica a las comisiones. Se topa en el 1,5% la comisión de amortización cuando la operación está contratada a tipo fijo y el repago se efectúa dentro de los primeros diez años de vida del préstamo, y al 2% si es después.

En hipotecas a tipo variable, el cliente elegirá si asume una comisión del 0,25% en los primeros tres años o del 0,15% en los cinco. Con posterioridad a esos plazos estará exenta de comisión.

También suprime los bonus ligados a la concesión de préstamos y acaba con los productos vinculados, obligando al banco a detallar el coste de cada uno de los productos incluidos en la oferta para que el cliente pueda hacer sus cálculos y saber si le conviene aceptar su firma global.