En entrevista con Servimedia revela que ya ocurrió con el diseño de las nuevas reglas de capital Solvencia II en aspectos como los riesgos catastróficos donde no se tuvo en cuenta la peculiaridad del sector "porque no hubo capacidad de negociación".

En España, a diferencia del resto de países, existe una entidad, el Consorcio de Compensación de Seguros, que asume los costes e indemnizaciones derivados de siniestros ocasionados por catástrofes, de forma que no tiene sentido que se exija a las compañías acopiar hucha por dicha contingencia como se hizo.

González de Frutos explica que, "afortunadamente se está revisando" la norma de Solvencia II, como suele hacerse con todas las regulaciones pasado un tiempo para ver su efectividad y mejorarlas, y se ha aceptado que la industria española "ha estado poniendo un capital que ha resultado excesivo" por la singularidad del Consorcio "y se va a reducir en nada menos que en un 30% el requerimiento de capital" asociado a dicha exposición.

"Es un ejemplo, y no de lo más importantes, de cómo necesitamos que el supervisor español también aporte y lleve su experiencia de un sector que en España se ha portado fenomenal, que hemos superado todos los años de la crisis económica sin dar el menor disgusto, sin pedir ayudas. Pero hoy tiene una escasez de recursos tal que es imposible que acuda a todo ello", lamenta.

La vieja demanda de la industria es que sea un "supervisor independiente del Gobierno, especializado y dotado de medios suficientes para que ejerza sus competencias en las condiciones equiparables a las del resto" de organismos gemelos europeos que se sientan en el consejo de gobierno del supervisor europeo de seguros y pensiones (Eiopa, por sus siglas en inglés).

Esta autoridad es el órgano técnico encargado de preparar las posiciones para la Comisión Europea cuando toma iniciativas regulatorias que afectan a la industria, y el que se ocupa de su desarrollo normativo posterior cuando Bruselas elabora las directivas y reglamentos.

La demanda de la industria es que el organismo español tenga suficientes recursos para participar ahí "con una presencia y capacidad de trabajo", al menos, "equivalente" a lo que supone el mercado español.

"Lo que no puede ser es que terminemos siendo el sexto mercado europeo, pero con una aceptación de los criterios que Eiopa elabora con la presencia de otros supervisores y no tanto del español. No porque no quiera, sino porque no tiene recursos suficentes para atender todo eso y ¿eso en qué se traduce? Se traduce en dinero, en que no se toman en consideración todas las características de cómo se hace la gestión de seguros en nuestro país", reitera.

SUPERVISOR INDEPENDIENTE DEL GOBIERNO

El sector se ha ofrecido, incluso, a sufragar una nueva autoridad de seguros para que sea robusta y se dote de recursos suficientes con el pago de una cuota asimilable a la que soporta la banca para costear al Banco Central Europeo (BCE) o la que se baraja para la futura autoridad de resolución de disputas de servicios financieros.

La histórica demanda del sector es además separar la labor supervisora de la regulatoria que actualmente ejercer la Dirección General de Seguros y Planes de Pensiones y segregarla en un nuevo organismo para sacarla también fuera del ámbito del Ministerio de Economía del que depende Seguros. Petición ésta que es una vieja demanda asimismo del Fondo Monetario Internacional (FMI).

El Gobierno del PP llegó a poner esta segregación, incluso, dentro de un proyecto de reforma de todos los supervisores que se quedó atascado y sin lanzar ante la dificultad para sacar adelante un planteamiento tan complejo sin contar con el apoyo parlamentario suficiente.

El proyecto buscaba también escindir en dos la autoridad de Competencia (CNMC), y hacer depender al Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC) de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), medidas ambas que no contaban con el apoyo de todos los partidos, aunque sí hay cierto consenso con crear una autoridad independiente del Gobierno en Seguros.

El Ejecutivo de Pedro Sánchez cogió el testigo con el compromiso de que abordaría una reforma en los supervisores sin que la haya formulado aún. El Ministerio de Economía trabajaba en un estudio de los organismos y la intención declarada era presentar un Libro Blanco a pricipios de este año.