Estos datos figuran en el informe ‘Análisis Global 2018’, elaborado por Front Line Defenders. La cifra de 321 defensores asesinados es la más alta anual jamás registrada por esta organización, que contabilizó 321 en 2017, 281 en 2016, 156 en 2015, 130 en 2014 y 26 en 2013.

El informe indica que el pasado mes de diciembre se celebraron el 70º aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el 20º de la Declaración sobre los Defensores de los Derechos Humanos, pero estas personas continuaron en 2018 enfrentándose a amenazas letales de actores estatales, no estatales y corporativos en sus luchas pacíficas.

Así, 321 defensores perdieron la vida el año pasado al ser asesinados, de los cuales tres de cada cuatro lo hicieron cuando defendían derechos sobre la tierra, el medio ambiente y de los pueblos indígenas, casi siempre en el contexto de actividades de industrias extractivas, megaproyectos y grandes empresas.

Los países con más activistas asesinados el año pasado son Colombia (126), México (48), Filipinas (39), Guatemala (26) y Brasil (23), que aglutinan más del 80% del total.

AMENAZAS DE MUERTE

El informe subraya que los asesinatos no fueron hechos aislados, sino que estuvieron precedidos de acoso judicial, amenazas y ataques físicos. Al menos un 49% de los activistas fallecidos había recibido previamente alguna amenaza específica de muerte.

En la mayoría de los casos, los defensores no recibieron la protección y el apoyo necesarios de las autoridades estatales desde el momento en que informaron sobre los ataques hasta el momento en que fueron asesinados.

“Las normas de derechos humanos están siendo desafiadas en todo el mundo. Es más importante que nunca que los gobiernos que valoran los derechos humanos presten apoyo verbal, práctico y financiero al trabajo de estos activistas pacíficos que luchan contra una marea de xenofobia, racismo, homofobia, misoginia y degradación ambiental”, apunta Ed O’Donovan, jefe de Protección de Front Line Defenders.

El informe recalca que, además de las amenazas experimentadas por sus colegas masculinos, las defensoras de los derechos humanos se enfrentan a ataques de género por parte de actores estatales y no estatales, como eliminación de cargos públicos o de alto rango en ONG, sindicatos y sociedades políticas; campañas de desprestigio cuestionando su compromiso con sus familias; agresión sexual y violación; violencia militarizada, y hostigamiento y persecución de sus hijos.

Por ejemplo, autoridades de Arabia Saudí arrestaron, agredieron sexualmente y torturaron el año pasado a defensoras de los derechos humanos que lideraron una campaña para la abolición de la prohibición de conducir. Pese a ello, estas activistas y sus familiares han denunciado públicamente esos abusos y han recibido una visibilidad internacional por ello.

Front Line Defenders indica que autoridades de diversos países utilizaron con frecuencia el año pasao la vigilancia por teléfono y correo electrónico de defensores LGBTI, de derechos humanos en general y activistas ambientales en particular.

Por ejemplo, los gobiernos de Tanzania, Pakistán, Rusia, Malasia, Nicaragua, Turquía y de muchos países de Oriente Medio y norte de África afirmaron el año pasado que los defensores de los derechos humanos amenazaban la “seguridad nacional” como excusa para censuar y bloquear los sitios web de las ONG.

ECOLOGISTAS EN ACCIÓN

Por otro lado, Ecologistas en Acción mostró este martes su “profunda consternación” y su “máxima preocupación” por el contenido del informe, y exigió la implicación de gobiernos e instituciones internacionales en la lucha contra esos crímenes y hostigamientos.

Esta organización ecologista instó a “impulsar y establecer marcos normativos nacionales e internacionales jurídicamente vinculantes sobre empresas transnacionales y derechos humanos, que establezcan regulaciones de obligado cumplimiento e impongan sanciones frente a las violaciones de derechos humanos”.

“Los asesinatos son sólo la cara más visible de un sistema que pretende silenciar a todas aquellas personas que se enfrentan a los intereses corporativos y estatales al defender, día tras día, modos de vida alternativos frente a la crisis social y ecológica que afrontamos”, concluyó Serlinda Vigara, portavoz de Ecologistas en Acción.