Cos subrayó que las reformas de 2011 y 2013 incorporaban elementos de ajuste en las pensiones "que permitían compensar" el impacto si se duplica, como se espera, la tasa de dependencia en las próximas décadas -el porcentaje de personas con más de 65 años frente al colectivo de trabajadores-, pero han sido "relajados" con las últimas medidas adoptadas.

El Gobierno ha revalorizado las pensiones al 1,6% y no al 0,25% como se preveía en esas reformas para cumplir con el compromiso adquirido por el Ejecutivo del PP con el PNV. Según Cos, "garantizar" ahora la "sostenibilidad financiera del sistema público de pensiones requerirá la introducción de medidas adicionales, por el lado de los ingresos o de los gastos, que compensen esa carga añadida", razón por la que aconseja una estrategia multidisciplinar que incluya las tres medidas antes indicadas.

El gobernador del Banco de España efectuó esta demanda durante su participación en el 'Spain Investors Day', al que asistió para presentar al ministro de Asuntos Exteriores, Josep Borrell. Cos animó al Gobierno a aprovechar el actual contexto económico "favorable" para reducir las vulnerabilidades. Entre ellas puso especial énfasis en disminuir los "desequilibrios fiscales" a la vez que se mejora "la calidad de las finanzas públicas" y se avanza en la consolidación fiscal precisamente por "los importantes retos que el envejecimiento poblacional plantea a medio y a largo plazo".

En este sentido detalló que, pese a que se ha conseguido reducir el déficit público desde el 11% del PIB que llegó a alcanzar en 2009 hasta el 3,1% en 2017, las cuentas públicas españolas siguen presentando un elevado nivel de déficit estructural, estimado por la Comisión Europea en el 3% del PIB y que resulta el más elevado de la Unión Económica Monteria (UEM); y la deuda pública se sitúa en torno al 98% del PIB.

"El mantenimiento de un nivel muy elevado de deuda pública durante un período prolongado no solo puede obstaculizar el crecimiento económico, sino que, además, reduce la capacidad estabilizadora de la política fiscal ante futuras recesiones", subrayó, demandando un esfuerzo superior que origine "márgenes de maniobra presupuestarios que permitan afrontar futuras crisis".

Entre los mayores retos del país destacó además las altas tasas de desempleo, la elevada necesidad de financiación exterior y la productividad.

Para atajar el alto paro reclamó políticas activas de empleo que "fomenten la empleabilidad" de los trabajadores parados y "potenciar el atractivo" de la contratación indefinida. Según detalló, el país adolece de una débil productividad que ha "impedido un mayor grado de convergencia real con nuestros socios europeos" y mejorarla es "crucial" para reforzar el crecimiento potencial de la economía en el largo plazo.

Entre otras medidas abogó por atacar este frente con una mejora en la "calidad del marco educativo" para adaptarlo "a los retos que plantean la globalización, el progreso tecnológico y la automatización de tareas" y alentar la competencia, reduciendo "posibles barreras" a la misma, en sectores donde las empresas disfrutan de márgenes de beneficios "elevados y persistentes".

"Convendría también mitigar la incidencia de aquellos factores que impiden el crecimiento de las empresas más productivas (principalmente, los umbrales regulatorios ligados al tamaño)", agregó.

En cuanto al sector bancario reiteró que sus deberes pendientes principales son acelerar la venta de los activos improductivos, mejorar su reputación e introducir medidas que mitiguen el riesgo de comisión de conductas inapropiadas y aumentar la rentabilidad sin caer en la tentación de relajar los estándares en la concesión de créditos a umbrales indebidos.