En el encuentro participaron la presidenta de la CNSE, Concha Díaz; la directora del Centro de Normalización Lingüística de la Lengua de Signos Española (Cnlse), Mariluz Esteban, y el equipo jurídico de la confederación, que trasladaron a De Varennes que “a pesar de los notables avances en su estatus social y científico, las lenguas de signos en España siguen siendo lenguas minorizadas”.

En este sentido, aludieron al reconocimiento que hacen de estas lenguas la Ley 27/2007, varios Estatutos de Autonomía, así como leyes autonómicas, aunque manifestaron echar en falta que los derechos lingüísticos de las personas sordas se tengan en cuenta desde la perspectiva de la minoría lingüística y cultural que son. “La influencia de las lenguas de signos en la construcción de la identidad sorda y la cultura sorda es indiscutible”, señaló la presidenta de la CNSE, quien matizó que estas lenguas “son mucho más que un instrumento al servicio de la accesibilidad” y constituyen “un derecho en sí mismo de las personas sordas que a su vez posibilita la consecución de muchos otros derechos fundamentales como el derecho a la educación, al empleo, a la formación o a la participación”.

La CNSE aludió a la reciente consideración de la lenguas de signos como patrimonio cultural inmaterial, una declaración que “favorece su protección”, si bien pide al Ejecutivo que se incorpore en la Constitución y en la Carta Europea de las Lenguas Regionales o Minoritarias, “como una lengua más”, y que se asegure su presencia “en condiciones de calidad” en la vida diaria de las personas sordas, a través de medidas efectivas que lleven a la práctica lo contemplado en la legislación.

Asimismo, Concha Díaz manifestó la preocupación de la CNSE y su red asociativa ante la falta de medidas concretas que garanticen el acceso a la educación del alumnado sordo “en su lengua natural”, aspecto que calificó como “vital para preservar la identidad cultural y lingüística de la comunidad sorda”. También recordó que “las personas sordas, como miembros de una minoría lingüística que somos, tenemos derecho a la educación en lengua de signos”, cuestión que, según afirmó, pasa por “la incorporación de las lenguas de signos como lenguas vehiculares y curriculares en los planes de estudios, y la imprescindible participación de profesionales sordos en los centros”.