De este modo respondió a la organización de consumidores Facua, que ha pedido a la Comisión Nacional de la Competencia (CNC) que investigue al sector de los carburantes "por fijar precios hasta un 7% por encima de la media de la UE".

La AOP, organización que agrupa a las compañías BP, Cepsa, Galp Energía, Repsol, Saras Energía y Shell, explicó que "no se puede comparar los precios de los productos petrolíferos entre los diferentes países europeos, ya que no hay una metodología común para su análisis".

En este sentido, indicó que el sector petrolero siempre ha solicitado que en las comparativas europeas se utilicen criterios homogéneos que tengan en cuenta la realidad de cada mercado y los distintos factores que pueden determinar diferencias de precios entre los países de la UE. "El propio boletín de la UE indica que no hay una metodología común y que la comparativa de precios es orientativa", añadió.

La Comisión Nacional de la Energía instó recientemente a la Unión Europea a la elaboración de un procedimiento comunitario de información que establezca una metodología con criterios comunes, concretos y definidos sobre los datos que los distintos estados miembros han de reportar en cuanto a niveles de precios al consumidor de productos petrolíferos, especificando de forma concisa el método de cálculo de los valores promediados.

Así, "como lo reconoce la Comisión Nacional de la Energía, los precios medios españoles que se utilizan para compararlos con la media europea no tienen en cuenta tampoco los descuentos que los operadores ofrecen a sus clientes en los medios de pago y fidelización", puntualizó la AOP.

Esta patronal defiende la transparencia del sector petrolero en la formulación de los precios de los carburantes. Las compañías "remiten mensualmente información, tanto a los reguladores (Comisión Nacional de la Competencia y Comisión Nacional de la Energía) como al Ministerio de Industria sobre los precios de los combustibles", indicó.

Por último, la AOP recordó que la Ley de Defensa de la Competencia existente prohíbe cualquier acuerdo sectorial respecto a los precios de los productos petrolíferos.