En declaraciones en los pasillos de la Cámara Baja, el portavoz parlamentario del PDECat señaló que “el paso del recurso ante el Constitucional era imprescindible”. “Era una decisión previsible acudir a los Tribunales para que protegiesen sus derechos”, remarcó Campuzano.

Lo dijo un día después de que el Pleno del TC decidiese por unanimidad admitir a trámite el recurso de amparo presentado por Puigdemont contra el auto dictado por el Tribunal Supremo de 9 de julio de 2018, que ordenaba la suspensión automática de sus funciones y cargos públicos por aplicación del artículo 384 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

El Tribunal aprecia que en el recurso “concurre una especial trascendencia constitucional porque plantea un problema o afecta a una faceta de un derecho fundamental sobre el que no hay doctrina de este Tribunal”. La Providencia requiere al Tribunal Supremo para que en un plazo que no exceda de diez días remita certificación o fotocopia adverada de las actuaciones correspondientes.