Energía

Competencia calcula que las cinco grandes eléctricas financiarán el 92,7% del bono social

MADRID
SERVIMEDIA

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha aprobado el informe en el que determina que el 92,7% de la financiación del bono social eléctrico corresponderá a los cinco grandes grupos eléctricos, y el 7,2% restante a otros grupos y sociedades con actividades de comercialización eléctrica.

Competencia informó este miércoles de que es el encargado de calcular el porcentaje asignado a las distintas compañías (254 sociedades y 20 grupos de sociedades) para financiar el coste del bono social.

En este sentido, a partir de los datos aportados por las distintas empresas, Competencia ha determinado que el 92,7% de la financiación corresponderá a los cinco grandes grupos eléctricos y el 7,2% restante a otros grupos y societarios con actividades de comercialización eléctrica.

En 2017, el coste de la financiación del bono social fue de 194 millones de euros. Durante ese ejercicio, el 99% del importe de su financiación fue para consumidores que cumplían los requisitos con el antiguo sistema (consumidores con potencia contratada inferior a tres kilovatios, pensionistas con renta mínima, consumidores en paro y familias numerosas, entre otros).

A falta de los datos definitivos, la previsión del coste en 2018 es similar. En todo caso, Competencia destaca que es importante señalar que durante el año pasado convivieron dos tipos de beneficiarios del bono social: los que cumplían los requisitos del antiguo bono social y los que se adhirieron al nuevo bono social.

El bono social reconoce el derecho de determinados colectivos, (pensionistas, personas con discapacidad, perceptores de rentas mínimas o familias numerosas, entre otros) a ser beneficiarios de descuentos del 25% o 40% en su factura mensual de electricidad. En el caso de los consumidores en riesgo de exclusión social, se subvenciona el 100% de su recibo.

Entre 2015 y 2016 varias sentencias del Tribunal Supremo anularon el sistema de financiación del bono social al considerar que vulneraba el principio de proporcionalidad, ya que solo recaía sobre una parte de las empresas del mercado eléctrico. De esta forma, excluía de su financiación a otras de manera indefinida y sin ningún tipo de medida compensatoria.

A raíz de dichas sentencias, el real decreto-ley 7/2016, de 23 de diciembre, estableció unos nuevos criterios de reparto y determinó que la financiación corriera a cargo de todas las comercializadoras de energía en función de su número de clientes.

(SERVIMEDIA)
23 Ene 2019
MMR/man