Así lo anunció este jueves la ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, María Luisa Carcedo, tras la reunión que mantuvo con responsables de las asociaciones de pacientes y del Comité Español de representantes de Personas con Discapacidad (Cermi). En el encuentro, Carcedo explicó las novedades recogidas en la orden ministerial en la que este departamento lleva meses trabajando "a fin de actualizar el catálogo de prestaciones ortoprotésicas, que no se renovaba desde 1998". Se publicará previsiblemente mañana, viernes, en el Boletín Oficial del Estado (BOE), aunque no entrará en vigor hasta el 1 de julio. "Además, se establecerá un plazo de seis meses para que aquellas comunidades con los precios de referencia más desactualizados puedan ponerse al día".

Junto a este precio máximo de referencia a nivel estatal, la orden prevé la inclusión de 48 tipos de artículos en el catálogo y abre la posibilidad a que las personas con rentas más bajas puedan beneficiarse de pagos directos por parte de la Administración para adquirir determinados artículos (hasta ahora, los usuarios deben adelantar el dinero y después se les abona). "Esto último tenemos que verlo con las comunidades", indicó la ministra, que destacó el trabajo con los técnicos del Cermi en la elaboración de esta orden.

NOVEDADES

"Sillas de ruedas más ligeras y flexibles, férulas, corsés o los elementos externos del implante coclear" son, según Carcedo, algunos de los nuevos artículos que incorporará el catálogo. Avanzó que la inclusión de los audífonos se regulará en otra orden distinta, "que aprobaremos próximamente".

Agregó que también se ha ampliado el número de personas que pueden recibir financiación para los cojines antiescaras y subrayó que, con la nueva orden, el catálogo será mucho más sencillo de actualizar. Según la ministra, "son muchos los elementos nuevos", pues al no actualizarse desde los años 90, el listado de prestaciones "dejaba fuera muchos adelantos técnicos".

GRAN DESIGUALDAD

Explicó que hasta la fecha, la financiación máxima de cada artículo dependía de las comunidades autónomas, con lo que "había una gran desigualdad" territorial. "Por eso, hemos fijado un precio máximo para todas", indicó Carcedo, y, en general, "se ha aumentado la financiación de cada producto para igualarla al precio real del mercado". Se trata de que los usuarios no paguen nada (o muy poco)", indicó.

Hasta ahora, además de la aportación de 12, 30 o 36 euros en función del tipo de artículo, los usuarios del sistema debían abonar la diferencia entre el precio financiado y el real. Si una silla de ruedas valía por ejemplo 3.000 euros y la comunidad de turno aportaba solo 1.000, "los 2.000 restantes corrían a cuenta del usuario", describió Carcedo. "Esto es justo lo que queremos evitar".

Preguntada por el incremento de gasto que esta medida supondrá para las comunidades autónomas, Carcedo señaló que esta decisión se hace a cargo de la financiación autonómica, que en la futura Ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE) aumenta "de forma considerable (un 6,2%).

Además, manifestó que la aprobación de esta orden es independiente de los PGE, aunque recordó que esta ley sí contempla la desvinculación del copago de los productos ortoprotésicos de la cartera complementaria.