El estudio analiza cómo en España, aunque gran parte de la inversión es del sector público -un 62% frente al 38% de las empresas-, el Estado pierde el control sobre ella cuando el producto o la tecnología resultante de la investigación se transfiere al sector privado. De esta forma, la Administración “no tiene capacidad de influir en asuntos como el precio o la gestión de la propiedad intelectual, a pesar de ser el principal comprador de los medicamentos y productos sanitarios que resultarán de esa investigación pública”.

El informe analiza también en qué condiciones se da esa transacción desde las universidades y los centros de investigación a las empresas. Constata cómo las investigaciones desarrolladas en estos centros públicos son habitualmente protegidas por una patente y posteriormente se traspasan a las compañías a través de una licencia de explotación de la tecnología o cediendo su titularidad a cambio de una contraprestación económica.

“Son muy habituales los acuerdos de confidencialidad, cerrando así la puerta al conocimiento compartido y a la transparencia en lo que respecta a la accesibilidad en los registros y resultados de la investigación biomédica generados a partir de la actividad científica financiada con fondos públicos”, recalca la Fundación Salud por Derecho.

El sector farmacéutico es el principal beneficiario de las ayudas y préstamos concedidos en el ámbito de la salud y la biotecnología por el Centro para el Desarrollo Tecnológico e Industrial (CDTI), organismo encargado de la concesión de ayudas al sector industrial.

“Nueve de las 10 empresas que más financiación han recibido en el periodo 2010-2016 son farmacéuticas”, indica el informe ‘Interés público en la innovación biomédica’. Se trata, además, de compañías “muy significativas en el sector” y, en algunos casos, “filiales de grandes multinacionales”, la mitad de ellas interesadas en proyectos de oncología, enfermedades neurodegenerativas y enfermedades mentales.