Esta es una de las principales propuestas del estudio '¿El sistema de protección social protege económicamente a las personas con discapacidad intelectual y del desarrollo? Análisis y propuestas de mejora', elaborado por la federación y presentado durante dicho encuentro.

Según su autor, José Manuel Fresno, "la mayor parte de la riqueza se transmite a través del patrimonio, no del trabajo", y cuando una persona con discapacidad intelectual hereda, "en general se trata de un dinero para vivir dignamente". En su opinión, las herencias que las personas con discapacidad intelectual reciben de sus padres "no son un activo para invertir, sino un patrimonio que les va a permitir vivir con dignidad". Por eso, considera que deberían estar exentas.

El director de Plena Inclusión, Enrique Galván, señaló que existe una gran disparidad entre comunidades autónomas, ya que los límites para la exención varían mucho (entre 50.000 y 500.000 euros), así como el porcentaje libre de impuestos. Según Fresno, se debería elevar el límite mínimo para no tributar y aumentar los porcentajes de exención hasta el máximo posible.

PETICIONES

Por otro lado, Galván exigió que las personas con discapacidad intelectual sean consideradas de "forma independiente a la unidad familiar a la hora de acceder a la Renta Mínima de Inserción (actualmente se tiene en cuenta la unidad familiar). En la actualidad, "resulta que porque tu hermano trabaje o tu padre gane un ingreso mínimo, tú ya te quedas fuera" de percibir esta renta, argumentó. A su juicio, este diseño "desincentiva el acceso de las personas con discapacidad a un proyecto de vida independiente" y "penaliza a sus familias".

También reclamó más facilidades a la hora de acceder y solicitar ayudas, pues el proceso actual es muy complicado ("muchas veces las personas sin discapacidad tampoco lo entienden") y modificar el cómputo de las ayudas sociales (su límite máximo suele estar en torno a los 480 euros) para que se puedan compatibilizar mejor.

CONCLUSIONES

Entre otros puntos, el estudio señala que el paro entre este colectivo es tres veces el de la población general, y que su tasa de actividad se sitúa en el 36%. Destaca también que el 44% de las pensiones de invalidez no contributivas son percibidas por una persona con discapacidad, cuando este colectivo supone el 8% de la población.

Para Fresno, ello refleja la concentración de las rentas del trabajo más bajas en el colectivo de personas con discapacidad, sobre todo intelectual. De ahí la necesidad de compaginar "ingresos por empleo e ingresos por prestaciones sociales", prosiguió, para que "les salga" a cuenta trabajar.

"La propia UE ha recomendado compatibilizar empleo y prestaciones para favorecer la inserción sociolaboral de los más vulnerables", recalcó, pues si la renta del trabajo es muy baja y después acceder a la prestación social resulta muy difícil, a muchos no les merece la pena.

Según expone Fresno, "las personas con discapacidad intelectual tienen unos costes añadidos en su vida cotidiana, debido a los apoyos que necesitan y a la falta de oportunidades". "Estos repercuten en su economía y en la de sus familias, y las políticas de apoyo no está bien diseñadas para solucionarlo".