Así lo indicó Ortega durante la celebración en Madrid de un desayuno informativo organizado por Nueva Economía Fórum, en el que reconoció que en los 40 años de democracia en España se han producido "intentos raquíticos" de abordar esta cuestión que no se han concretado, "a pesar de que el buen funcionamiento de la Justicia interesa a todos".

Lamentó que la tendencia histórica en España de "vivir del corto plazo" impide a los grupos parlamentarios abordar una cuestión de tanta enjundia. No obstante, se reveló ante la creencia popular de que en el país no exista la "cultura del plazo" y lo evidenció con el desarrollo de los Pactos de la Moncloa, el Pacto de Toledo, el Pacto contra el Yihadismo o el Pacto de Estado contra la Violencia de Género.

Afirmó que "parece que la Justicia no preocupa" y aseveró que sin ella "no funcionarían" el resto de resortes sobre los que se articula la sociedad española. "Nuestra justicia tiene déficits que tienen que ser resueltos", advirtió Ortega.

Alertó de que en un momento en que las instituciones internacionales "anuncian nubarrones en lo económico" la anhelada reforma de la Justicia quede postergada, lo que le permitió insistir en la necesidad de disponer de una "justicia para hoy, pero no para el hoy de hace 150 años", llamando la atención sobre la paradoja de que desafíos actuales como la ciberseguridad se estén enjuiciando con normas del "siglo XIX".

DESAFECCIÓN CIUDADANA

A su vez, constató la "desafección de los ciudadanos hacia las instituciones", un fenómeno que presentó como "muy peligroso", puesto que "si el sistema da la espalda a la ciudadanía, la ciudadanía da la espalda al sistema".

Al mismo tiempo, Ortega reclamó que el proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) "piense en la Justicia" y manifestó que la "fragilidad parlamentaria" no puede ser utilizada como excusa para "abordar las reformas necesarias" en este ámbito, entre las que citó la protección de las víctimas de violencia de género.

Reiteró la importancia de alcanzar un Pacto de Estado por la Justicia y ofreció la disponibilidad del Consejo General de la Abogacía España de participar en las discusiones que lo hagan posible, tal y como hizo en 2017 y 2018, cuando las fuerzas parlamentarias decidieron "enterrar" un esbozo de Estrategia Nacional de Justicia.

Explicó que ese pacto de Estado ha de pergeñarse desde el "conocimiento de la realidad de los tribunales" y con el fin último de que queden garantizadas la "libertad" e "independencia" de los jueces y magistrados. "No se pueden dejar pasar otros 40 años", dijo.

Por último, reiteró su oposición a la figura de la prisión permanente revisable por ser "contraria a la Constitución", porque su pertinencia no la puede determinar el hecho de que se aplique en otros países y porque "no tiene un carácter disuasorio".