Así lo ponen de manifiesto los últimos datos sobre asilo en 2018 presentados este martes por la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), a partir de estadísticas de Eurostat y del Ministerio del Interior.

Esto supone un descenso muy significativo respecto al año anterior, cuando se resolvieron de forma positiva el 35% de las solicitudes.

En concreto, España reconoció la protección internacional a 2.895 personas, de las cuales solo 575 obtuvieron el estatuto de refugiado (menos del 5%).

Según la directora de CEAR, Estrella Galán, estas cifras colocan a España "como uno de los peores países de la UE para el refugio", con niveles incluso peores que Grecia o Italia y muy por detrás de Suecia y Alemania.

De los siete países analizados en el informe (Francia, Italia, Alemania, Bélgica, Grecia, España y Suecia), España es el que peor tasa de admisión presentó en 2018.

Asimismo, Galán subrayó que en 2018 "se batió un nuevo récord" en cuanto a solicitudes presentadas (54.065), mientras que el ejercicio concluyó con 78.710 peticiones pendientes de resolver.

Esta situación "pone en evidencia el atasco que vive el sistema", denunció Galán, quien reclamó "más medios materiales y humanos para garantizar el acceso al procedimiento y a su resolución".

En cuanto a la posibilidad de que este año se superen las 70.000 solicitudes, Galán lo vio "posible, aunque perfectamente asumible" por la población española.

ORIGEN

Por nacionalidades, Venezuela volvió a ser el primer país de origen de los solicitantes, con más de 19.000 peticiones, seguido de Colombia (8.650), Siria (2.775) y Honduras (2.410).

Sin embargo, la venezolana fue una de las nacionalidades con más porcentaje de peticiones de asilo denegadas, con 30 resoluciones favorables y 1.495 rechazos. Por ello, Galán reclamó la aplicación de la protección a estas personas "por razones humanitarias" que recientemente ha anunciado el Gobierno.

De hecho, Venezuela es el país que más ha crecido en este sentido, mientras que las peticiones de Siria han caído prácticamente a la mitad. A esto se debe parte del descenso en las resoluciones positivas, pues las procedentes de este país se suelen resolver de forma favorable.

En el acto intervino también Jessica Cisneros, activista nicaragüense solicitante de asilo que informó sobre el "terror político" que se vive en su país.

OBSTÁCULOS

Por su parte, la coordinadora del servicio jurídico de CEAR, Paloma Favieres, recordó que desde el 1 de febrero de 2019 España requiere el visado de tránsito a las personas palestinas, un requisito que les impide desde entonces llegar a las fronteras españolas y solicitar allí el asilo.

Esta exigencia también se extendió desde el pasado año a las personas de Gambia y Camerún y a los palestinos procedentes de Líbano.

A su juicio, en 2018 "España se ha convertido en uno de los países con mayores obstáculos para solicitar asilo". "No son solo los retrasos en las citas y las colas que vemos ante las comisarías, sino los obstáculos que el Gobierno pone para impedir la llegada", manifestó.

Asimismo, Favieres recordó las recientes sentencias de la Audiencia Nacional sobre la concesión de permisos por motivos de persecución a las personas de Centroamérica que huyen de las maras.

"Pese al fuerte incremento de solicitudes de países como El Salvador, Honduras y Guatemala, apenas se contaron 15

resoluciones favorables a personas provenientes de estos tres países", dijo. En su opinión, “las autoridades españolas siguen mirando para otro lado respecto a la violencia de las pandillas".

TERRITORIOS

Por comunidades autónomas, Madrid fue la que más peticiones registró, con 20.704. Le siguen Cataluña (8.034), Andalucía (5.412), Comunidad Valenciana (4.330), Melilla (3.475), Canarias (2.079) y Murcia (1.641).

Finalmente, Galán y Favieres subrayaron las dificultades para solicitar asilo en consulados y embajadas, así como para acceder a la reagrupación familiar (solo se admitieron 370 en 2018).

Ese año, la gran mayoría de las solicitudes se presentaron en territorio nacional (47.028), 6.494 se registraron en puestos pronterizos, 1.776 en CIE y 370 en embajadas (las correspondientes a extensión familiar).