El Ejecutivo, en esta contestación recogida por Servimedia, responde a ocho preguntas que le habían planteado parlamentarios sobre la situación de los colegios catalanes en referencia al debate político sobre el derecho de autodeterminación o el proceso independentista que promueven algunos partidos y entidades, como ERC, PDeCAT o la ANC.

En este sentido, en una de las preguntas, la diputada de Ciudadanos Marta Martín había preguntado al Gabinete de Pedro Sánchez su opinión sobre el “compromiso público en favor de ‘el derecho a decidir’” expresado por colectivos como la Agrupación Escolar Catalana (AEC), la Asociación Profesional Servicios Educativos de Cataluña o la Confederación de Centros Autónomos de Enseñanza de Cataluña.

La misma diputada había pedido al Gobierno que se posicionase sobre “declaraciones de directores de centros educativos en Cataluña” y la “falta de neutralidad que estas muestran” en referencia a la cuestión independentista.

A este respecto, el Gabinete de Sánchez contesta que “determinadas organizaciones, tanto educativas como no educativas” mostraron su “postura pública” el pasado 1 de octubre al cumplirse un año de la celebración de la consulta independentista de 2017. El Ejecutivo afirma que esa fecha “fue motivo de gran tensión social, en particular en los centros educativos por haberse convertido en centros electorales”.

“COMPETENCIA” DE LA GENERALITAT

La respuesta añade que la opinión vertida al respecto por colectivos educativos “no contradice el artículo 20.1 de la Constitución Española, que reconoce el derecho a ‘expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción’”. No obstante, el Gobierno afirma que “garantiza la no vulneración de derechos de la comunidad educativa, así como la neutralidad política de las instituciones”.

En cuanto a las actuaciones que la Administración central puede realizar para analizar cuestiones como si se promueve la autodeterminación en los colegios catalanes, el Ejecutivo señala que “la competencia de control de la legalidad y cumplimiento del ordenamiento jurídico en los centros de la Comunidad Autónoma de Cataluña corresponde, por mandato constitucional y legal, a la propia Generalitat a través de sus Servicios de Inspección”.

Se añade que la Alta Inspección del Ministerio de Educación “tiene las competencias que se recogen en el artículo 150 LOE (Ley Orgánica de Educación), que tienen que ver con ordenación general del sistema educativo, la obtención de los títulos y el cumplimiento de las condiciones básicas que garanticen la igualdad de todos”.

El Gobierno concluye que “el Estado no puede sustituir el control de los Servicios de Inspección autonómicos, pues sería una medida inconstitucional que el Estado ejerciera “medidas en positivo que sean ejecutivas por su sola autoridad” (sentencia del Tribunal Constitucional 101/2016, de 21 de mayo)”.