Así lo confirmaron a Servimedia fuentes del Ministerio, que sostuvieron que “se mantienen los plazos” anunciados esta semana por la ministra Teresa Ribera pese a la convocatoria de elecciones para el próximo 28 de abril.

En principio, en el caso del anteproyecto se trata de su primera lectura, lo que supone que tras salir del Consejo de Ministros se abre su fase de consulta pública por lo que no se remitiría todavía al Congreso.

Por su parte, el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima no tiene carácter normativo y su destino, una vez aprobado por el Gobierno, es ser remitido a la Comisión Europea, algo que el Ejecutivo debería haber hecho antes del 31 de diciembre de 2018.

En dicho plan se define la senda que seguirá España entre 2021 y 2030 para alcanzar los objetivos climáticos, que contemplan una reducción de las emisiones del 20% con respecto al nivel de 1990, lo que equivale a una rebaja del 48% con respecto al nivel actual.

Para ello, dicho plan contempla que el carbón salga del mix energético durante la próxima década y que se lleve a cabo un cierre ordenado de las centrales nucleares entre 2025 y 2035.

En cuanto a las energías renovables, establece la meta de que alcancen el 70% de la generación en 2030, lo que supondrá que su aportación al consumo final supere el 40%.