Según indicó CCOO en una nota, las empresas tienen libertad y flexibilidad para organizar e impartir acciones formativas que apoyen su estrategia empresarial y la bonificación es automática, es decir, las empresas declaran pero no justifican la formación.

El único control al que están sometidas las empresas, continúa el sindicato, son las actuaciones de seguimiento realizadas por el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) y la que los propios trabajadores realizan a través de la representación sindical.

Para Lola Santillana, “resulta irresponsable destinar 600 millones de euros de presupuesto público a bonificaciones empresariales a una formación que ha demostrado ser muy genérica, de corta duración y que presenta un volumen alto y creciente de incidencias”.

Por su parte, la pequeña empresa suele encomendar la organización de la formación a entidades externas. Según Comisiones, el porcentaje de empresas con deducciones indebidas crece con el tamaño de la empresa, de forma que la gran empresa incumple más que la pequeña. Como media, el 77% de las pymes no tienen incidencias en las bonificaciones, agrega.

En el caso de las empresas de más 250 trabajadores, se reduce al 54% el número de empresas que no tienen reclamación de cantidades por bonificaciones indebidas.

Sin embargo, resulta “más grave” para la pequeña empresa, que, como media, tiene que devolver el 90% de la cantidad bonificada, todo ello según datos proporcionados en el informe 'Formación programada por las empresas. Informe de resultados del proceso de comprobación'.

La organización sindical afirmó que el SEPE ha realizado seguimiento a un 24% de las empresas y que en el 65% de los casos se han detectado prácticas indebidas en las bonificaciones. Como resultado de este proceso de control se ha multiplicado por tres el número de empresas con incidencias y el importe a devolver lo ha hecho por cinco (de 7 millones a 40,7 millones de euros).

Según Lola Santillana, “el automatismo y la falta de justificación de las bonificaciones por formación favorece su práctica irregular”.

CCOO asegura que el sistema de formación profesional iniciado en el año 2015 sigue sin dar respuesta ni a la pequeña empresa ni a sus trabajadores, y la que se atreve, tiene una probabilidad muy alta de enfrentarse a una reclamación de cantidad con los consiguientes recargos.