A este asunto se refirió en Bruselas el secretario de Estado de Justicia, Manuel Jesús Dolz, quien participó en el Consejo de Justicia y Asuntos de Interior (JAI) celebrado en la capital belga.

Según informó Justicia, Dolz defendió ante los socios comunitarios “reforzar la protección a las personas que cumplen con el deber cívico de denunciar infracciones o prácticas ilícitas, como medida imprescindible para avanzar en la lucha contra el fraude y la corrupción en la Unión Europea”.

El departamento que dirige Dolores Delgado indicó que, con este planteamiento, España se adhiere “a la propuesta de directiva que se está negociando actualmente en el Parlamento Europeo y el Consejo, con la que se pretende cubrir el vacío normativo existente con una protección específica que evite que quienes denuncien conductas contrarias al Derecho de la UE en el seno de organizaciones públicas o privadas se enfrenten a represalias”.

“PROTECCIÓN SIMPLE Y EFICAZ”

Justicia señaló que el Gobierno “apuesta por un sistema de protección simple y eficaz para que su aplicación genere confianza en el denunciante”. Asimismo, es partidario “de que sea el propio interesado el que elija utilizar los canales internos de su organización para hacer llegar la denuncia o acudir a canales externos a la misma”.

Al mismo tiempo, el JAI abordó también este viernes los trabajos que se están desarrollando en el marco de la negociación de un paquete legislativo europeo en materia de acceso transfronterizo a la prueba electrónica en procesos penales, cuando la información está en poder de proveedores de servicios de Internet ubicados en el extranjero.

Dolz dio su apoyo a la propuesta de directiva del Parlamento Europeo y el Consejo que regula el nombramiento de representantes legales para la recogida de pruebas y ha respaldado la negociación de un acuerdo con Estados Unidos, sede de los mayores proveedores de servicios de internet, para el acceso transfronterizo a las ‘e-evidence’.

También en relación a este punto, en el JAI se informó acerca de las negociaciones para un Protocolo Adicional del Convenio de Budapest sobre Ciberdelincuencia, un acuerdo internacional multilateral que aglutina a Estados con sistemas legales muy diversos y que tiene por objeto diseñar mecanismos de asistencia mutua más efectivos.