Así lo ha establecido en un comunicado donde detalla que continúa analizando su evolución, en coordinación con otros organismos y con la Junta de Estabilidad Financiera, tanto en exposiciones directas como indirectas de los bancos con intención de fijar unas guías sobre su futuro tratamiento prudencial dado "el alto grado de riesgo" que conllevan.

Si bien el organismo reconoce que el mercado de estos activos continúaa siendo "muy pequeño" y la banca tiene exposiciones directas "muy limitadas", teme su potencial para plantear problemas "de estabilidad financiera" y aumentar los riesgos del sector a tenor del crecimiento continuo de las plataformas de negociación de estos activos y dado que se ha aprobado su uso en algunas jurisdicciones.

A tal efecto el Comité de Basilea descarta su validez como divisa, aun cuando se denominen como criptomonedas, porque "no proporcionan de manera confiable las funciones estándar del dinero y no es seguro confiar en ellos como un medio de intercambio o almacenamiento de valor", ni están respaldadas por un Gobierno o autoridad pública.

En contraste alerta sobre su "alto grado de volatilidad", falta de estandarización, y los riesgos que entrañan para la banca de liquidez, crediticio, de mercado, operacional (incluyendo fraude y riesgos cibernéticos), reputacional e, incluso, de lavado de dinero y financiación del terrorismo, al favorecer la operativa bajo total anonimato.

Dado que, pese a ello, son activos reconocidos en algunas jurisdicciones y a falta del análisis actualmente en curso, el Comité de Basilea aconseja gestionarlo como un riesgo de alto impacto con procedimientos asimilables a los que se siguen para evitar operaciones de blanqueo y fraudes.

De forma específica exige que se dé la "diligencia debida" y antes de adquirir 'criptoactivos' o proporcionar servicios relacionados el banco realice un "análisis exhaustivo" de los riesgos que implican, y cuente con un marco para su gestión "claro y sólido", y en cuyo diseño y aplicación se involucre el consejo de administración y la "alta gerencia" del banco.

Asimismo, demanda a las entidades "divulgar públicamente cualquier exposición importante" a los mismos dentro de sus informes financieros regulares, detallar cómo proceden a su contabilización e informar de todo ello a su autoridad de supervisión.

El Comité de Supervisión de Basilea que pasará a presidir el gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, está integrado por 45 miembros (gobernadores de bancos centrales y autoridades con responsabilidades en supervisión bancaria) de 28 jurisdicciones. Es responsable de diseñar los estándares de regulación bancaria a escala mundial, que, si bien no son legalmente vinculantes, se implantan en las distintas jurisdicciones por el compromiso de sus miembros para adoptarlos.