Durante su declaración, Prohias insistió en que la “única manera” de que el departamento de Presidencia asuma un compromiso de gasto y pague facturas es que exista un “expediente de contratación”, de manera que “si las facturas no entran por ese canal, yo si no hay expediente de contratación no existe ese gasto”.

En varias ocasiones, preguntada tanto por la Fiscalía como por la Abogacía del Estado, la exdirectora de Servicios de Presidencia aseguró que “todos los procesos de contratación de Presidencia y de la Generalitat se hacen por medios electrónicos”, de modo que “no puedo saber nada de lo que se haga fuera, porque el procedimiento es el que es”, subrayó. Ante la posibilidad de que el procedimiento para encargar las campañas no fuese el habitual, Prohias destacó que “solo puedo responder de los tramites que hacemos de forma legal”. Si hubo una nota de entrega, fuera del registro electrónico, como sostenía la abogada del Estado, afirmó que lo desconocía.

Sobre las campañas publicitarias de catalanes en el exterior y ‘Civisme’, la testigo insistió en que su impulso “corresponde a la Secretaria de Difusión”, cuyo máximo responsable era Antoni Molons.

Respecto a la primera, Prohias explicó que Presidencia “no hizo ningún gasto”, ya que “llegó una petición de información por parte de la Fiscalía y, posteriormente, se comunicó que se abrían diligencias en el juzgado de Instrucción 13 de Barcelona”, de manera que “la asesta jurídica del departamento emitió una nota que recomendaba la suspensión del pago amparándose en un artículo de la ley de finanzas”. Aunque “el gasto estaba comprometido, se suspendió el pago atendiendo a la nota jurídica”, resaltó.

En relación a la campaña de ‘Civisme’, confirmó que contaba con un presupuesto de “más de dos millones de euros”. “Se determinó que era una campaña urgente porque normalmente en la Administración Pública lo que se hace a partir de septiembre ya es lo último porque queda poco tiempo para la ejecución del presupuesto”. Preguntada por quien autorizó la licitación de la campaña apuntó que “puede que fuera el secretario de Difusión”, pero rechazó que este le comentase que ‘Civisme’ fuera un encargo verbal del conseller.

Finalmente, las empresas renunciaron a esta campaña y “quedó desierta”. Lo que pasó a partir de entonces con el spot lo desconoce aseguró. “¿Quién acudió a la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales (CCMA)?”, preguntó la fiscal Consuelo Madrigal, “no tengo entendido que se hiciera eso, esa campaña quedo desierta y ahí quedó”. Ante la insistencia de la fiscal, subrayó que “difundimos anuncios determinados, pero no sé si eso era la campaña ‘Civisme’ porque quedó desierta”. Sobre quien decidió remitir los anuncios a la CCMA reiteró que lo desconocía.

Asimismo, rechazó conocer facturas por valor de 93.179 euros y otra por 184.624 euros. En este sentido, agregó que cuando la secretaria de Estado de Hacienda pidió información sobre dichas facturas, comprobó que “no costaban en los registros de la Generalitat” y que la explicación que recabó de la CCMA es que reclamaba el pago, pero los servicios jurídicos de la Generalitat decían que “no debía abonarse porque aunque estaba realizado el encargo era gratuito”, dado el carácter público de la entidad y su obligación de difundir campañas de interés público.

Por otra parte, respecto a un encargo de Presidencia a Unipost por valor de 240.000 euros. Prohias destacó que esa información la conoció el día que recibe el requerimiento de la Guardia Civil, posteriormente, explicó, “hicimos comprobaciones ya que Unipost era la adjudicataria del acuerdo marco de la Generalitat”, pero “en 2017 se giraron dos contratos uno por un importe de 6.000 y después por 12.000 euros”. De modo que, insistió, “no había ningún expediente del departamento de presidencia que correspondiese a ese volumen”.