En un comunicado, señaló que el Gobierno dispone de tres meses para resolver los recursos interpuestos en su momento contra estas decisiones que adoptaron las Capitanías marítimas (dependientes de Fomento), "con lo que ya queda poco tiempo para que decidan".

Según Amnistía, "el principal argumento empleado por las Capitanías sobre que los barcos se han visto forzados a navegar durante demasiados días transportando a un número elevado de personas (algo para lo que no están preparados y contrario al derecho internacional) no puede ser la excusa para que estas embarcaciones dejen de hacer un trabajo cuya responsabilidad debería recaer en los Estados europeos".

A su juicio, las organizaciones de salvamento y rescate "son más necesarias que nunca, en un momento en que los Estados europeos se han retirado casi completamente de las labores de vigilancia en el Mediterráneo central".“La creciente hostilidad y criminalización de las ONG, así como la externalización del control de fronteras a países como Libia, parece querer lanzar una vez más el mensaje de que los Estados pretenden reducir el número de personas refugiadas y migrantes que llegan a Europa, sin importar el sufrimiento y la muerte que eso conlleva”, agregó.

Por eso, indicó que “penalizar a las ONG Proactiva Open Arms y Mediterráneo es injustificado y resulta una vulneración de los derechos humanos, tanto de las tripulaciones como de las personas en peligro en el Mediterráneo central”.

“Si se mantienen las políticas de cierre de puertos y si las autoridades italianas y maltesas no ponen fin a sus disputas sobre sus obligaciones con respecto a las zonas de rescate, lo que sucede es que, en muchas ocasiones, las personas migrantes y refugiadas solo cuentan con las ONG para no ser una cifra más en el número de cadáveres que alberga el Mediterráneo”, añadió Amnistía Internacional.

Por último, señaló que es necesario resolver, mediante una reforma en el sistema europeo de asilo, el desincentivo que provoca la obligación para los países de primera entrada de asumir la responsabilidad de la asistencia y protección de las personas que llegan a Europa, sin que haya una verdadera distribución compartida de solicitantes de asilo entre los países europeos.