Durante su declaración ante la sala del Tribunal Supremo que juzga a los líderes independentistas por la convocatoria y celebración del 1-O, el agente de la Guardia Civil explicó que entre los 1.000 y 1.500 correos de la entonces consellera Dolors Bassa se hace una selección de 14, que son los que constan en el informe que realizan los agentes. El criterio de selección respondía, explicó, a los que “entendemos que pueden tener relación con la causa que se está investigando”.

De esta manera, el testigo concretó que entre los correos de Bassa se encontraba el “acuerdo del Govern en el que se autorizaba a los departamentos para realizar los trámites para las contrataciones necesarias para el referéndum del 1-O”. En este sentido, continuó, el secretario general del departamento de Trabajo, Josep Ginesta, “le remite por correo este acuerdo del Govern, de septiembre de 2017, para autorizar los gastos, acciones administrativas y cesiones de instalaciones públicas para llevar cabo el referéndum”.

Además, añadió, “en la parte final enumera una serie de hechos jurídicos, como la publicidad, contratación de páginas web, compra de urnas, boletos, voto en el extranjero, censo…”. El último párrafo de este correo “dice que esta medida se adopta de forma colegiada y se asume solidariamente entre todos los miembros del Govern”, apuntó el testigo.

En relación a los enviados por la exconsellera, el guardia civil recordó uno enviado al secretario general de CCOO en Cataluña, Javier Pacheco, para informarle del derecho de los trabajadores a ausentarse durante la jornada del 1-O para ejercer su derecho a voto. “Esto iba acompañado de la ley del referéndum y otras normas complementarias”, explicó, así como un correo en el que Bassa “recibe una nota interna, a la que le da el visto bueno, para hacer llegar a todos los trabajadores de la Conselleria por la respuesta e indignación creada por lo que define como un acto injusto de la Fiscalía y les anima a seguir así”.

Por otra parte, el testigo destacó que observaron “leves muestras de rechazo” a la presencia de la Guardia Civil que se exteriorizaba en que “por donde pasábamos las paredes se llenaban de panfletos por aquel entonces de moda, del ‘votarem’ y de urnas”.

Respecto al ambiente en el exterior, el agente explicó que “al entrar fue una jornada normal, no había movimiento de ningún tipo, pero cuando se fue desarrollando la jornada se fueron aglutinando personas frente a la fachada principal del edificio, calculo que entre 300 y 400; muchas de ellas eran funcionarias de la Administración, porque veíamos que abandonan la Conselleria y se unían”.

Esta situación, relató, “dificultaba nuestra salida, nos insultaban, gritaban en contra de la Guardia Civil, decían que iban a votar, de modo que intentar salir por ahí era un conflicto”. “No podíamos salir a los coches oficiales sin tener un altercado con ellos”, indicó, y aseguró que “no definiría su actitud como pacífica”.

Por este motivo, utilizaron una salida alternativa. “Si el personal no nos ofrece esta alternativa nosotros no la hubiéramos conocido”, explicó. Así que “a través del parking de la Conselleria podíamos acceder a un edificio colindante con una salida directa a la ronda litoral de Barcelona, los compañeros del dispositivo de seguridad dieron el ok y salimos, evitando el conflicto con las personas concentradas”.

Durante el registro de la Conselleria de Treball, el 20 de septiembre, recordó que también se registró el despacho de Josep Ginesta, en el que se encontraron “la planificación de la legislatura, un proyecto de bienestar social y otro de implementación del voto telemático en el extranjero”, entre otros documentos. También el del empleado de David Palanques, donde había “documentos relacionados con tributos, contribuciones y la agencia catalana de bienestar social”, y el del gestor de proyectos de la Conselleria, David Franco, donde “se intervinieron soportes informáticos y un proyecto de centralización de proyectos estatales y contribuciones”.