Todas las sesiones de abril se celebrarán en martes, miércoles y jueves, a excepción de la semana del 15 abril, que, con motivo de la Semana Santa, las tres jornadas de juicio se celebrarán en lunes, martes y miércoles, es decir, los días 15, 16 y 17 de abril, respectivamente, estando citados 63 policías.

Además, este periodo de sesiones coincide con la campaña electoral, que comienza el día 12, para las elecciones generales del 28 de abril. En este periodo, el tribunal ha citado a 92 testigos, especialmente relevantes los 13 citados el martes 23 de abril, día de Sant Jordi.

Y es que a tan solo cinco días de las elecciones generales acudirán al tribunal testigos de un marcado perfil político: el actual vicepresidente de la Generalitat Pere Aragonés; el predecesor de Joaquim Forn en la Conselleria de Interior Jordi Jané; la exconsellera de Enseñanza Meritxell Ruiz; el predecesor de Santi Vila en la Conselleria de Empresa Jordi Baiget, cesado en julio de 2017; el exsecretario de Hacienda de la Generalitat Josep Lluis Salvadó; el ex director general de los Mossos d'Esquadra Albert Battle, quien dimitió meses antes de la celebración del referéndum, en julio de 2017 (su sucesor fue Pere Soler); el entonces director de Patrimonio de la Secretaria de Hacienda, Francesc Sutrías, y el exsecretario del Govern y ex director ejecutivo de Ómnium Cultural Joan Vidal.

También están citados ese día el técnico del programa Gestor Electrónico de Expedientes de Contratación (GECC), David Badal; el presidente de la Asociación de Municipios por la Independencia (AMI), Josep María Cervero; el director de Empresas e Innovación del CTTI, Josue Sallent, y la directora de Servicios de la empresa T-System, Rosa María Rodríguez Curto.

Especialmente relevantes son los testimonios de Laplana, presente el día 20-S en la Conselleria de Economía, y el de Salvadó, quien ha sido nombrado en varias ocasiones durante el juicio, ya que en el registro de su domicilio se encontró el documento ‘Enfocats’, que plasma la supuesta hoja de ruta independentista, y la agenda ‘Moleskine’. Sin embargo, es posible que ambos se acojan a su derecho a no declarar para no verse perjudicados en las causas en las que están siendo investigados por los mismos hechos. En esta misma situación procesal se encuentran Sutrias, Lloveras y Rodriguez Curto.

Al día siguiente, el 24, comparecerá el director financiero de Unipost, Xavier Barragán; el exdirector de Unipost Antón Raventós; el líder de Mossos por la Independencia, Albert Donaire; el exasesor del Gabinete de Gobernación Joan Ignasi Elena; la expresidenta de la AMI y alcaldesa de Vilanova i la Geltrú, Neus LLoveras, y el cantautor Lluis Llach.

Además, entre los cargos policiales llamados declarar destacan el comisario, sucesor de Josep Lluis Trapero, Ferrán López y el comisario Juan Carlos Molinero, quienes acudirán al Supremo el 3 de abril. Un día antes, el día 2, acudirán el comisario jefe de la Brigada de Información de la Jefatura Superior de Policía de Cataluña, el comisario jefe de la Brigada provincial de la Policía Judicial de Barcelona, un inspector del Cuerpo Nacional de Policía, dos cabos de la Guardia Civil, cuatro agentes de la Guardia Civil y mosso.

En cuanto a los agentes llamados a declarar, el tribunal prevé oir a cerca de una treintena de mossos en alguna de las sesiones. El martes 2 acudirán cuatro guardias civiles y un mosso; el 3 están citados 12 guardias civiles; el 4 serán 27 guardias civiles; el martes 9, diez funcionarios del CNP; el día 10 serán 15; el día 11 serán 16; el lunes 15 serán 17 agentes del CNP; el martes 16 serán 23, y el día 18 serán otros 23. Finalmente, el jueves día 25 acudirán cinco guardias urbanos de Badalona y cuatro mossos.

DERECHO A NO DECLARAR

El registro del despacho de Lluis Salvadó, secretario de Hacienda y secretario general adjunto de ERC, es uno de los que se ordenaron el 20 de septiembre. Su testimonio es clave. Lo hallado en su oficina ofreció datos relevantes sobre los planes para generar estructuras de Estado para una Cataluña independiente. Según la Guardia Civil, Salvadó sería uno de los encargados de implementar la “fase uno, a desarrollar los días posteriores al referéndum, con 41 normas generales y sectoriales”.

Entre ellas, la de engranar la sucesión del ordenamiento jurídico catalán, la integración de los funcionarios de la Administración General del Estado en la Administración catalana, el decreto ley del banco central catalán, el de la agencia tributaria catalana o un acuerdo de provisión de magistrados para un nuevo Tribunal Supremo.

También se encontró en el despacho de Salvado “un documento con el membrete de la Generalitat con medidas para la creación del nuevo Estado catalán y garantizar su funcionamiento en su etapa inicial, donde se incluían 176 medidas; cada una incluía un anexo en el que debían trabajar los distintos departamentos”, según explicó ante el tribunal uno de los agentes que hizo el registro.

Lo probable es que el Tribunal Supremo no escuche el testimonio de Salvadó, que está investigado por el Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona por el 1-O, por lo que podrá acogerse a su derecho a no declarar para no verse perjudicado.

Ese juzgado de Barcelona mantiene abierta desde febrero de 2017 una investigación sobre los preparativos del referéndum. Dirigido por la magistrada Alejandra Gil Lima desde el pasado 29 de noviembre, estuvo a cargo del magistrado Juan Antonio Ramírez Sunyer, que falleció, pero cuyas actuaciones fueron la base que posibilitaron a la magistrada del Juzgado Central de Instrucción 3 de la Audiencia Nacional, Carmen Lamela, ordenar la prisión preventiva del exvicepresidente catalán Oriol Junqueras y siete exconsejeros.

También será muy relevante la comparecencia de la intendente Laplana, citada el dia 23, de la que el jefe del operativo de la Guardia Civil que registró la Consellería de Economía el 20 de septiembre dijo que mantuvo una actitud pasiva y que por momentos parecía estar a las órdenes del que fuera presidente de la ANC Jordi Sànchez.

Está procesada en la Audiencia Nacional junto a sus superiores. La Fiscalía solicita para ella cuatro años de prisión por un delito de sedición. Es poco probable que siga el ejemplo del exmayor de los Mossos, Josep Lluis Trapero, que decidió testificar en el Supremo pese a estar procesado en la Audiencia; de hecho, siempre que ha podido ha evitado presentarse ante el juez. Así lo hizo cuando fue citada por la magistrada Lamela. Presentó un informe médico y acabó declarando por videoconferencia.