Vivirán en distintos municipios del País Vasco, gracias a la colaboración entre la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) y los ejecutivos central y vasco.

El grupo con el que se inicia este proyecto piloto está integrado por 29 personas, entre ellas 17 niños y niñas, que han vivido durante los últimos cinco años en Jordania en condiciones difíciles y que fueron identificadas como casos especialmente vulnerables por los equipos de Acnur. Tras este reconocimiento, el Gobierno examinó y aprobó su reasentamiento.

La acogida de las familias sirias se ha fraguado mediante un convenio de colaboración con Cáritas Diocesana de Bilbao, Cáritas Diocesana de San Sebastián, Cáritas Diocesana de Vitoria y la Fundación Social Ignacio Ellacuría.

La representante de Acnur en España, Francesca Friz, aseguró que “estamos muy satisfechos con la puesta en marcha de este proyecto piloto y agradecemos la buena disposición de todas las partes involucradas”. “Confiamos en que en un futuro pueda replicarse en otras comunidades autónomas españolas, con la colaboración de las distintas administraciones públicas y de toda la sociedad: particulares, asociaciones ciudadanas, comunidades religiosas, ámbitos empresariales y académicos, etc.”, añadió.

ESTIMACIONES

Según Acnur, en 2019 más de un millón de refugiados en situación vulnerable de todo el mundo necesitan ser reasentados en otros países; sin embargo, las plazas que ofrecen los Estados rondan las 80.000.

Los programas de patrocinio comunitario complementan los programas estatales de reasentamiento de refugiados y refuerzan la inclusión y cohesión social mediante el acompañamiento y la implicación de autoridades y sociedad civil.

Asimismo, combinan la necesidad de incrementar las vías legales de acogida con la demanda solidaria de la sociedad civil de ayudar a rehacer las vidas de personas que se han visto obligadas a huir de sus países por causa de la guerra y la persecución.

El patrocinio comunitario es un mecanismo de protección y una solución duradera acorde con los compromisos adoptados por los Estados en el Pacto Mundial sobre Refugiados, aprobado en diciembre de 2018 por la Asamblea General de la ONU.