Casado comentó en una plaza de Torrelavega (Cantabria) durante la clausura de un encuentro con los candidatos de la zona del Besaya que la situación en Cataluña puede asemejarse a la del Reino Unido con el ‘Brexit’ en el sentido de que “la irresponsabilidad de algunos políticos acaba derivando en errores históricos”.

El líder del PP afeó al primer secretario del PSC, Miquel Iceta, que defienda un referéndum pactado en Cataluña si el 65% de los catalanes quiere la independencia, algo que matizó después, y criticó a Pedro Sánchez por “vender España" tanto "a trozos" como "a plazos”.

Casado añadió que “a trozos” por defender una “mediación internacional” ante una eventual convocatoria de un referéndum de autodeterminación y “a plazos” porque tal consulta se convocaría “en 10 años si sigue adoctrinando a los niños en la escuela, manipulando a los medios de comunicación o haciendo toda clase de tropelías contra la Constitución, el Estatut y la ley”.

“Cuando sea presidente del Gobierno de España, ni va a haber referéndum ni consulta ni nadie va a decidir por el resto de españoles. No existe el derecho a decidir por los demás, existe el derecho a que no decidan por nosotros”, apostilló.

Ante esto, Casado propuso tres medidas en relación a Cataluña. Una de ellas sería la ilegalización de los partidos políticos que amparen actos violentos. “Cualquier asociación o partido político que justifica la violencia o enaltezca el terrorismo de Terra Lliure, en base a la Ley de Partidos de 2002, puede y debe ser ilegalizado, sin tapujos”, comentó.

Además, defendió un cambio en la Ley de Financiación de los Partidos Políticos para que “no se permita dar un solo euro público a aquellos partidos cuyos líderes están siendo procesados por rebelión o por sedición porque al final vienen a Madrid a manifestarse, a insultarnos con una pancarta compartida con terroristas como Carlos Sastre, a costa de nuestros impuestos”.

La tercera medida es que vuelva a incluirse en el Código Penal la posibilidad de prisión para quienes convoquen referéndums ilegales. “Así paramos el ‘plan Ibarretxe’ y así pararemos el ‘plan Torra’, igual que tuvimos que recurrir para parar el ‘plan Puigdemont’ a la justicia. Con este nuevo tipo penal no habría falta ir a la justicia. Aquel político que ponga un referéndum ilegal y que lo lleve a término tendrá penas de prisión. Eso estaba en nuestro Código Penal, lo quitó el Partido Socialista de Zapatero para pactar con Esquerra Republicana en 2008”, comentó.