En una nota, la ONG subrayó que hay alrededor de 22.000 sustancias químicas registradas en Europa y explicó que, aunque en marzo de 2012 comenzaron los controles de seguridad de las sustancias que se pensaba que podían tener propiedades peligrosas, en diciembre de 2018 solo se habían verificado 94 sustancias, de las cuales 46 (el 49%) se declararon inseguras para su uso comercial. Estas 46 sustancias peligrosas han sido incluidas por primera vez en una revisión de la Oficina Europea de Medio Ambiente (EEB), la mayor red de organizaciones medioambientales de Europa, de la que forma parte Ecologistas en Acción.

"Por sus propiedades tóxicas para personas y medio ambiente, las autoridades decidieron que estas 46 sustancias necesitaban medidas de protección en todos los casos, pero aún no se ha tomado ninguna medida para controlar el 74% (34) de las mismas. La falta de recursos es una de las principales causas de la inacción, según se ha informado a las organizaciones del EBB", expuso la organización ecologista.

"Como consecuencia, la industria sigue utilizando millones de toneladas anuales de estas 46 sustancias peligrosas de forma legal, aunque la exposición resultante pueda ser causante de cáncer, problemas de fertilidad u otros impactos en la salud, o creando una seria contaminación ambiental", denunció la ONG.

Asimismo, en el programa de control de los Estados miembros, se percibe que "desde que la administración sospecha que una sustancia no es segura para su usos hasta que se controla pasan 16 años en los que podrá usarse legalmente para fabricar productos".

"Entre los cientos de sustancias peligrosas que aún esperan el final de los controles se encuentra el dióxido de titanio, ampliamente utilizado en productos de consumo como cosméticos y alimentos, pero sospechoso de ser carcinogénico, mutagénico (que altera el ADN), alergénico, persistente y bioacumulativo. Aunque se programó su verificación en profundidad en 2013, aún no ha concluido por lo que continúa la exposición", prosiguió, apuntando también al "fosfato de trifenilo, un retardante de llama y presunto disruptor endocrino que se encuentra en altas concentraciones en automóviles, aulas, salas de estar y oficinas".

Ecologistas en Acción tambien se hizo eco de un informe de 2018, realizado por la Agencia Europea de Sustancias Químicas, que reflejaba que al 74% de los expedientes les falta "información de seguridad importante" y señala que esta situación es similar a la de años anteriores. Ademas, recordó que el año pasado, otra investigación alemana encontró "que solo un tercio de las sustancias producidas por encima de las 1.000 toneladas cumplían con la información de seguridad legalmente exigida".